plan b

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reconoció la renuncia de Edmundo Jacobo como un acto de responsabilidad, ante los señalamientos en su contra que derivaron en su defensa pública al Instituto.

Mediante su cuenta de Twitter, el consejero presidente afirmó que su mayor acierto fue proponerlo dos veces al cargo y el del Consejo General, confirmarlo.

“Al obligar a Edmundo a defender públicamente al INE frente a los ataques y las descalificaciones, lo hicieron abandonar el rol de operador discreto y eficaz que había tenido hasta ahora. Por eso su renuncia, a pesar de su triunfo judicial, es un acto de responsabilidad”, sostuvo.

Expuso que el secretario ejecutivo debe ser un operador discreto y eficaz, encargado de operar las decisiones del Consejo General, por lo que su función es técnica, no política.

“Por eso, cuando el oficialismo lo volvió el centro de sus ataques, encaminados a descalificar y debilitar al INE, Edmundo se vio obligado a defenderse jurídica y públicamente, es decir, se le forzó a salir de la zona de discreción en la que debía operar idealmente”, señaló.

Córdova manifestó que después de triunfar ante la justicia y defender la autonomía del INE, Edmundo Jacobo sabía que su permanencia en el cargo iba a ser un pretexto para seguir atacando al órgano electoral, por lo que optó por renunciar.

Confío que por el bien del INE y del futuro de las elecciones en México, se designe a un secretario ejecutivo con el perfil de Edmundo Jacobo.

“Él deja ‘la vara’ alta, pero también el modelo a seguir: un funcionario ejemplar, profesional y honesto”, aseguró.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) anunció este domingo que impugnará la decisión del ministro de la Suprema Corte (SCJN) Javier Laynez Potisek de admitir la controversia constitucional que interpuso el INE y suspender la aplicación del Plan B en materia electoral.

En un comunicado, la dependencia federal acusó que el ministro “arrancó hojas a la Constitución” y que desconoce las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales.

Aseguró que “no es común” que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque, afirmó, la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un sólo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros.

“Porque la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un sólo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros.

“Es decir, se trata de régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee, ya que la ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente”, señala el comunicado.

Fundamental que ministros actúen dentro de las atribuciones que le corresponden: CJEF
La CJEF aseguró que resulta fundamental que los ministros que integran la SCJN actúen dentro de las atribuciones que le corresponden, sin traspasar los límites que le impone la Constitución y las leyes. De esta manera se garantiza el orden constitucional y democrático, además de proteger los derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa en contra de las leyes que rigen su actuación.

Por estas razones, indicó el Ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, y solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de derecho que nos rige, pues resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los Poderes de la Unión.

“Ante esta serie de arbitrariedades y una vez que se notifique formalmente dicha resolución, el Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del ministro Laynez Potisek que admitió a trámite y suspendió la aplicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) planea modificar su estructura orgánica y adecuación a su normativa conforme al Plan B entre abril y octubre de este año, de acuerdo con el proyecto del Comité Técnico para la implementación de la reforma electoral 2023.

El proyecto del plan de trabajo y cronograma, aprobado por el Comité Técnico este jueves, y que será discutido esta tarde en la sesión del Consejo General, establece que en abril iniciará el rediseño de la estructura y otros cambios, con la renovación de tres consejerías y la presidencia.

Plan de trabajo, con dos líneas generales de acción

En la sesión, se detalló que el plan de trabajo tiene dos líneas generales de acción: la primera, enfocada en la modificación de las estructuras orgánicas del INE.

A fin de implementar estas modificaciones, se emitirán lineamientos para revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto.

El Comité también debe proponer la reestructura conforme a los lineamientos emitidos, considerando las funciones de las unidades administrativas, desconcentradas y centrales del INE, así como la compactación de las estructuras no contempladas en la reforma.

Además, se prevé la toma de opinión y conclusión del diseño, así como los criterios de evaluación y designación de los vocales operativos.

El Plan B prevé la disminución de las juntas distritales, a fin de que sólo quede un vocal operativo de los cinco vocales que actualmente operan, por lo que se deberá determinar quién se queda a cargo.

También se realizará el cálculo y revisión integral de los tabuladores salariales del personal, así como identificación de las medidas, adecuaciones administrativas y costo que implicará la reestructura orgánica del Instituto, tanto su ejecución como conclusión.

Está contemplada la validación del redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica; determinación relacionada con la instalación de órganos locales y oficinas auxiliares y cambios de adscripción de bienes.

La segunda parte del plan de trabajo prevé la adecuación normativa que implicará la elaboración del inventario de la normativa del Instituto; remisión del inventario de las unidades responsables de la normativa que aplica en el ámbito de su competencia, así como el análisis de la normativa para la elaboración del impacto de las modificaciones.

Además, se realizará la revisión y análisis de la identificación normativa prioritaria de carácter administrativo que incluya las adecuaciones enviadas por las unidades responsables.

El Comité Técnico tendrá dos sesiones ordinarias en mayo y agosto, así como las sesiones extraordinarias necesarias.

En medio de la tensión política por el Plan B, el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, acudió este miércoles a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que está en pleno proceso de análisis de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas contra la reforma electoral por diversos actores políticos del país.

De acuerdo con fuentes federales, López Hernández se reunió con el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la Primera Sala del Alto Tribunal, para tratar temas no oficiales.

Mientras el titular de la Segob estaba reunido en la oficina del ministro Pardo Rebolledo, en las escalinatas de la puerta principal de la Corte un grupo de diputados federales del partido Movimiento Ciudadano presentaba un Amicus Curiae (Amigos de la Corte) contra el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es la primera visita de López Hernández a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el centro de la capital del país, después de la lluvia de impugnaciones contra la reforma electoral analizada por la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, que determinará si la reforma es inconstitucional.

Al concluir el encuentro, los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar acompañaron al encargado de la política interior a una de las salidas que dan a Palacio Nacional.