plan b

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionará este viernes para iniciar con la aprobación y organización de los trabajos para la implementación del Plan B de la Reforma Electoral, la cual ha advertido el órgano electoral que pone en riesgo su operación.

Con el fin de modificar los instrumentos normativos y administrativos del Instituto, se creará el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023.

El INE también nombrará como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva a Roberto Heycher Cardiel Soto, quien se desempeña como director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Cardiel Soto estará al frente de la Secretaría Ejecutiva tras el cese de Edmundo Jacobo este jueves, con la publicación del Plan B.

El exsecretario ejecutivo, así como el INE, ya interpusieron los recursos jurídicos correspondientes contra su remoción.

Tras la publicación de llamado Plan B electoral, la oposición ya alista su acción de inconstitucionalidad, que impugnará el 100% del contenido de dicha reforma.

En entrevista con El Universal, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, señaló que hoy mismo se reunirá con los coordinadores parlamentarios del PAN y PRI, a fin de presentar la querella a nombre de Va por México ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Ya tenemos el marco jurídico, hacía falta ver en qué términos la publicaban, vamos por revertir todo, vamos contra el 100% del Plan B”, detalló.

El líder perredista puntualizó que se presentará hasta el próximo lunes, toda vez que la acción irá firmada por legisladoras, legisladores, así como militantes de los tres partidos.

“Por eso es que será a principios de la otra semana, porque debemos reunir las firmas, pero nos estamos apurando para entregarla a la brevedad y darle tiempo a la Corte para que lo analice, porque ya estamos sobre el tiempo y no se puede prolongar”, expuso.

Espinosa Cházaro recordó que en la concentración del pasado domingo, la oposición escuchó el mandato de la gente.

“Estamos listos para acudir a la Suprema Corte como lo pidieron cientos de Miles de ciudadanos, y presentar el segundo paquete las Acciones de Inconstitucionalidad. Juntos, partidos y sociedad, defenderemos nuestra democracia”, concluyó.

El llamado Plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo cual implica una reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE), la liquidación de trabajadores especializados en materia electoral y se da manga ancha a partidos para hacer proselitismo y actos anticipados de campaña.

La reforma modifica cuatro leyes -Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos; Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación– lo que involucra más de 400 artículos.

Se elimina la transferencia de votos a los partidos en riesgo de perder su registro -conocida como la vida eterna a los partidos- y poner un techo al sueldo de los consejeros electorales para que no ganen más que el Presidente de la República.

Se permite a personas en prisión preventiva votar y se establecen límites a las interpretaciones del INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a las declaraciones de funcionarios que podían considerarse propaganda y por las que se emiten sanciones.

Es decir, las manifestaciones de los servidores públicos que se realicen en el uso de su libertad de expresión o en el ejercicio de sus funciones públicas, no constituyen propaganda gubernamental.

De acuerdo con el dictamen final avalado en el Senado la semana pasada, el Plan B obligará al INE a eliminar unas 300 juntas distritales, encargadas de la preparación, organización y celebración de elecciones.

La reforma presidencial plantea que en vez de ello existan oficinas con una sola persona a cargo, sumado a la reducción de la estructura de las 32 juntas locales en el país, que se reflejará en recortar 262 puestos de funcionarios electorales especializados.

Asimismo, la reducción de las 300 juntas distritales se reflejará en un recorte del 84% del Servicio Profesional Electoral Nacional. Se estima que 1,500 plazas serán eliminadas.

Cese de secretario ejecutivo tras publicación de plan B

Se elimina la Junta General Ejecutiva (JGE), actualmente a cargo de Edmundo Jacobo Molina, quien será despedido. Dicha instancia es la encargada del diseño del ejercicio de presupuesto y criterios de organización electoral.

El Plan B establece crear una Comisión de Administración con cinco consejeros

También se expone que todo funcionario público del INE deberá sujetar su salario a la percepción del Presidente de la República. Se contempla revisar los tabuladores salariales del personal a más tardar seis meses después de entrada en vigor la reforma

De acuerdo con el Laboratorio Electoral, se modifica el proceso de cómputo de votos, mismo que iniciaría desde las 18:00 horas del día de la elección, lo que hará innecesario un Programa de Resultados Electorales Preliminares. (PREP).

Además, la finalización de cómputos de las elecciones se establece a más tardar el viernes siguiente a las elecciones y no como ocurre actualmente que es el miércoles siguiente a los comicios y terminan el jueves.

Durante la madrugada de este jueves fue publicado el plan B de reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF), difundieron medios nacionales.

De acuerdo con Reporte Índigo, esto significa que las reformas en materia electoral impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entrarán en vigor el día 3 de marzo.

Las disposiciones del plan B no serán aplicables para las elecciones de Coahuila y el Estado de México.

“Este decreto incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de contemplar la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”, agregó Reporte Índigo.

Con la aprobación, también podrán avanzar los recursos de impugnación que fueron presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), apenas el miércoles se aceptó el primero.

En este sentido la Suprema Corte tendrá como plazo legal hasta el mes de mayo para pronunciarse sobre la constitucionalidad del plan B.