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Luego de que el dirigente estatal del PRI, Alexandro Domínguez, condicionará al PAN con ir en alianza en los 67 municipios o nada, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Noel Chávez respondió que la alianza sigue en negociación y el Poder Legislativo no se ve afectado.

“Primero se tienen que definir los temas de senadurías y diputaciones federales, para poder iniciar con una precampaña. Los temas locales van hasta diciembre, hay un proceso de negociación y la alianza está fortalecida”, expresó Chávez.

El diputado del PRI dijo que este “ultimátum” no afecta el trabajo legislativo o los acuerdos que se dan en el Congreso del Estado entre ambos partidos, ya que son temas que están “sobre la mesa y se deberán resolver”

“El tema de ir separados es al menos en cuatro municipios, pero que seguramente se van a acomodar; el próximo martes se verán estos temas”, concluyó Noel Chávez, sin dar detalles de las localidades en cuestión.

“Tenemos tiempo, la alianza va y sigue, confío en la capacidad de negocio y diálogo entre nuestros dirigentes. En el Poder Legislativo, el PRI y el PAN hacemos equipo por Chihuahua”, dijo al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Georgina Zapata Lucero, solicitó al Congreso del Estado penalizar a quien haga uso de la inteligencia artificial para crear, exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y/o compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona.

Zapata Lucero explicó que la inteligencia artificial se ha convertido en una parte integral de la vida cotidiana, mejorando la eficiencia, la comodidad y la personalización en una amplia gama de aplicaciones.

Impacto, que dijo, seguirá creciendo a medida que la tecnología continúe avanzando y se aplique en nuevos campos; sin embargo, su adopción y desarrollo también genera riesgos y desafíos significativos.

“En las últimas semanas ha conmocionado al mundo el nuevo uso que se le ha dado a la inteligencia artificial: la creación y proliferación de imágenes sexuales falsas hechas con estas herramientas. La utilización de la inteligencia artificial para la alteración de imágenes plantea una serie de riesgos y preocupaciones significativas en diferentes aspectos, con graves consecuencias psicológicas”, argumentó.

Añadió que la manipulación de imágenes y videos afectan la intimidad de las mujeres, ya que no solo son una invasión flagrante de la privacidad, sino que también representan una forma de violencia de género, y violencia digital en contra de las mujeres, que puede tener consecuencias devastadoras en la vida de las víctimas.

“Esta práctica representa una forma de violencia en contra de las mujeres que puede tener graves repercusiones físicas, psicológicas y sociales”, señaló.

La reforma propuesta sería directa al artículo 180 Ter del Código Penal del Estado de Chihuahua, en el que además se contempla que se castigué a quien difunda el material impreso, por correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico, con una multa de 1 a 7 años de prisión y 500 días de multa.

Entre las mociones, el diputado Noel Chávez Velázquez felicitó a la legisladora por su propuesta y pidió adherir a la reforma al Grupo Parlamentario del PRI. La iniciativa fue turnada para su revisión, análisis y dictaminación.

“Javier Arturo R.B., quien penosamente funge como asesor de un diputado de esta legislatura, mantuvo retenida en contra de su voluntad a su pareja sentimental por al menos siete días, cometiendo actos inhumanos en su contra, violentándola física, sexual y psicológicamente”, explicó en Tribuna, Isela Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con pancartas de “Ni una más”, Martínez expuso que el Congreso ha trabajado para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, “¿Cómo es posible que dentro de sus propios cuerpos técnicos -que trabajan estas leyes y políticas públicas- haya quienes cometen actos atroces de violencia en perjuicio de alguna mujer?”, cuestionó.

La legisladora repudió que ante el público haya personajes que actúen con cara de “aliados, de trabajadores por la justicia, de determinados en legislar a favor de los grupos vulnerables y por otro lado resulten ser los violentadores. Esto es incongruencia y esta incongruencia violenta, daña y mata”, recalcó.

Isela Martínez recalcó que no se puede aceptar ni tolerar ningún acto de violencia en contra de la mujer, y que se debe exigir con toda la fuerza, castigo al responsable.

“El violentador es un criminal, al que solo deben asistirle los derechos que por ley le corresponden, pero ni una consideración más”, aseveró la diputada quien pidió un respetuoso llamado al Ministerio Público para que sean recategorizadas las acusaciones, y se juzgue con perspectiva de género.

“Hacemos un llamado fuerte y claro a toda la ciudadanía, a funcionarios públicos y especialmente a los que están aquí presentes; no protejan a nadie que atente contra el bienestar, la seguridad y la vida de ninguna persona, de ninguna mujer”, concluyó.

El posicionamiento fue respaldado de inmediato por los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y Morena, quienes al anunciar su respaldo brindaron un aplauso por la exigencia de justicia impulsada entre las fracciones políticas del Congreso.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional, Omar Bazán Flores, pidió al Congreso del Estado de Chihuahua reformar el Código Penal Estatal, con el fin de agregar como delito la publicación de imágenes explícitas de cadáveres, sin el consentimiento de familiares directos.

Bazán Flores dijo que al publicar imágenes explícitas se cometen varias violaciones, como la de privacidad, de difamación cuando va acompañada de comentarios que pueden perjudicar la reputación de la persona fallecida y la ofensa moral pública.

“Debido al efecto multiplicador que tienen actualmente las redes sociales, estas imágenes o vídeos se expanden rápidamente a través de Twitter, Facebook, Instagram y, sobre todo, en WhatsApp. Es preocupante que sea tan fácil, aunque sea ilícitamente acceder a información tan personal e íntima de las personas”, argumentó dentro de sus motivos para impulsar el decreto.

El diputado ejemplificó que hasta ahora diarios de América Latina y el Washington Post han creado códigos de conducta para respetar la dignidad póstuma, evitando la exhibición de cadáveres de forma maliciosa, indigna, irrespetuosa, luego de leyes o reglamentos, en algunos casos sin ello.

“La noción de dignidad póstuma de la persona muerta, derivan derechos y obligaciones en el tratamiento de su cadáver y deben tomarse en cuenta las relaciones afectivas y simbólicas en torno al cadáver, así como el valor intrínseco de los cuerpos. Y analiza el tratamiento de los cadáveres de las mujeres asesinadas, en los casos de feminicidios, donde hay poco respeto en todos los medios de comunicación”, relató el diputado por representación proporcional del PRI.

El legislador tricolor señaló que la propuesta establece que los cadáveres deberán ser tratados “con dignidad póstuma, entendida como una actitud y trato digno, de respeto y consideración a los valores y cadáver de una persona”. Y apunta a endurecer las sanciones a los medios de comunicación.

Bazán justificó que existen casos en los que la publicación de la foto es necesaria para respaldar una información de claro interés público, como se ha dado en el caso de que policía da de baja a un peligroso y conocido delincuente, cuya muerte es “necesario comprobar para que no prosperen leyendas sobre la invulnerabilidad del criminal”.

Y reiteró que la publicación de fotografías que muestran cadáveres o personas heridas en primeros planos sólo consigue aumentar la “morbosidad malsana” de la gente y, por tanto, deben evitarse.

“Cuando los cadáveres o las personas heridas aparecen dentro de un contexto informativo, el criterio utilitario puede emplearse para decidir si la fotografía se publica o no”, dijo sobre el ejercicio periodístico.

La propuesta de decreto se presentó el pasado 12 de septiembre y fue turnada el 14 del mismo a la Comisión de Justicia presidida por Georgina Bujanda Ríos, para su revisión, análisis, modificación y dictamen.