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La Fiscalía General de la República (FGR) inició un nuevo frente judicial contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al impulsar una nueva acusación por el delito de peculado.

La nueva imputación forma parte de una estrategia legal para procesarlo por presuntos desvíos de recursos públicos cometidos durante su administración estatal, en paralelo a la sentencia que actualmente cumple por lavado de dinero y asociación delictuosa.

El movimiento judicial se da en un contexto en el que el exmandatario podría aspirar a beneficios de preliberación en los próximos años, por lo que la apertura de nuevos procesos permitiría a la Fiscalía mantener medidas cautelares para evitar su liberación.

Javier Duarte actualmente cumple una condena de nueve años de prisión derivada de su proceso federal, la cual podría concluir en 2026; sin embargo, la nueva acusación por peculado podría prolongar su permanencia en reclusión si el caso avanza en tribunales.

El caso Duarte sigue siendo uno de los expedientes de corrupción política más emblemáticos del país, ligado a esquemas de desvío de recursos públicos mediante empresas fantasma y operaciones financieras irregulares durante su administración en Veracruz.

Un juez federal concedió una suspensión provisional al exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, dentro del proceso penal que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó este martes la autoridad judicial.

La resolución fue emitida por Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, con residencia en el Estado de México, como parte de un juicio de amparo promovido por la defensa de Duarte tras su vinculación a proceso, dictada el 14 de diciembre de 2025 a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

El acuerdo judicial establece que la suspensión tiene como efecto ordenar al juez de control detener temporalmente el avance del procedimiento penal, una vez concluida la etapa intermedia, hasta en tanto se resuelva si procede o no la suspensión definitiva.

El juzgador precisó que la medida no implica la libertad del exmandatario, quien continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Suspensión provisional y próximas etapas del proceso

De acuerdo con los registros judiciales, la suspensión provisional permanecerá vigente hasta la celebración de una audiencia incidental, en la que se analizará si procede conceder la suspensión definitiva, lo que determinaría si el proceso penal puede permanecer detenido por un periodo más prolongado.

Hasta el momento, no se ha notificado oficialmente la fecha y hora de dicha audiencia; sin embargo, algunos reportes señalan que podría realizarse el próximo 30 de enero, aunque esta información no ha sido confirmada por la autoridad judicial.

En esa diligencia se resolverá si el procedimiento penal queda suspendido de manera más amplia, lo que podría implicar que el proceso permanezca detenido por un plazo indefinido.

Lavado de dinero, el delito federal que le atribuye la FGR

La investigación de la FGR sostiene que, durante su gestión como gobernador de Chihuahua, entre 2010 y 2016, Duarte habría implementado un esquema de simulación de apoyos al sector ganadero, mediante el cual recursos públicos estatales fueron canalizados a empresas en las que figuraba como socio mayoritario, para posteriormente ser transferidos a cuentas personales suyas o de familiares.

La causa penal 142/2024 imputa al exmandatario el delito de lavado de dinero, por el presunto desvío de decenas de millones de pesos del erario estatal.

Duarte fue detenido en diciembre de 2025 y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, tras ejecutarse la orden de aprehensión que derivó en su vinculación a proceso, dictada por la jueza María Jazmín Ambriz López.

La FGR obtuvo dicha vinculación con base en elementos que, a juicio del Ministerio Público federal, configuran la posible comisión del delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El plazo de la investigación complementaria es de seis meses, el cual vence en junio de 2026.

La suspensión provisional concedida no detiene de manera definitiva el proceso penal, pero sí obliga a la autoridad a frenar temporalmente el curso del juicio, en tanto se determina si procede una protección judicial más amplia mediante la suspensión definitiva.

Cabe recordar que, al momento de su detención, Duarte Jáquez se encontraba en libertad condicionada, portando un brazalete electrónico, mientras enfrentaba otros procesos por peculado y asociación delictuosa, ambos en modalidad agravada.

El exgobernador había permanecido en libertad bajo medidas cautelares desde el 3 de junio de 2024, pero actualmente se encuentra recluido en el Altiplano, acusado del delito federal de lavado de dinero.

Este domingo 14 de diciembre, en punto de las 9:00 de la mañana, se reanudó en los juzgados del penal federal del Altiplano la audiencia de imputación contra el exgobernador César Duarte Jáquez, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 73 millones 925 mil pesos. La jueza federal María Jazmín Ambriz López deberá resolver si lo vincula o no a proceso.

Sin embargo, el punto central del debate no fue únicamente la naturaleza del presunto desvío de recursos, sino la advertencia de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a que Duarte representa un riesgo real de fuga.

Durante la audiencia inicial celebrada ayer, la FGR solicitó imponer prisión preventiva, argumentando que el exmandatario mantiene una red de apoyo creada durante su gobierno con la capacidad económica y operativa suficiente para facilitarle protección, movilidad y ocultamiento.

La jueza Ambriz López recogió ese señalamiento y lo expresó con claridad en la sala al considerar que esa estructura podría permitirle evadir la acción de la justicia.

“Esta innegable red, creada por el justiciable durante sus años como gobernador, tiene la posibilidad, la capacidad y el alcance necesario para proveerlo de ayuda económica y personal para poder huir y permanecer oculto, siendo un elevadísimo riesgo de sustracción a la acción de la justicia”, señaló.

Mientras tanto, la defensa —integrada por Carlos Ríos Peralta, Edith Muñoz Palacios y Dolores Meza Quiroz— sostiene que no existen elementos suficientes para la acusación por lavado de dinero y que el proceso tiene motivaciones políticas.

Asegura además que la Fiscalía está retomando los mismos hechos por los que Duarte ya es procesado en Chihuahua, relacionados con 96 millones de pesos, monto por el que —afirman— fue absuelto en sede administrativa.

La FGR, por su parte, sostiene que estos hechos responden a un esquema distinto de ocultamiento de recursos mediante movimientos en el Sistema Financiero Mexicano, delito por el cual se obtuvo autorización del Gobierno de Estados Unidos el pasado 4 de diciembre, permitiendo procesarlo por cargos adicionales a los que motivaron su extradición.

La resolución de la jueza será clave: si considera acreditada la existencia y vigencia de la red de apoyo descrita por la Fiscalía, Duarte podría permanecer bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso federal; si concluye que no está justificado el riesgo, el exgobernador podría enfrentar las siguientes etapas del caso en libertad.

El Poder Judicial del Estado revocó la preliberación que se había concedido a Édgar Hernán E. V., sentenciado a más de 30 años de prisión por el delito de secuestro, por lo que deberá regresar a ocupar su celda en el Centro de Reinserción Social No. 1 (Cereso 1) de Chihuahua.

El sentenciado, hermano de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Nancy Escárcega, había obtenido el beneficio de liberación parcial, lo que le permitía permanecer fuera del penal durante parte de la semana.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó una apelación inmediata al considerar que el condenado no había cumplido ni siquiera un tercio de la pena impuesta.

En un comunicado emitido este lunes 3 de noviembre, la FGE informó que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) dejó sin efecto la audiencia en la que se había otorgado el beneficio de semilibertad a Édgar Hernán.

El pasado 18 de septiembre de este año se le permitió continuar con su condena en situación domiciliaria, pese a que solo llevaba tres años recluido en el Cereso 1.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro recibió la notificación el 31 de octubre, en respuesta al recurso de apelación interpuesto dentro de la toca 93/2025.

El caso de Édgar Hernán generó revuelo en los ámbitos judicial y político, pues se cuestionaba el otorgamiento de la preliberación a una persona que había recibido más de 30 años de prisión por secuestro agravado en dos procesos distintos.

En la Causa Penal 204/2005, había sido sentenciado a 27 años de prisión, y posteriormente, en la Causa Penal 226/2005, a 37 años más, sin beneficio de condena condicional y computables de forma consecutiva.

El juez de control Juan Carlos Erives Fuentes fue quien, el 18 de septiembre, concedió el beneficio de semilibertad, que le permitía salir del penal los domingos por la noche y regresar los viernes.

Ese beneficio, informó la FGE, quedó sin efecto tras la resolución derivada del recurso de apelación interpuesto en la toca 93/2025.

Al cierre de esta edición, se desconoce si la defensa de Édgar Hernán recurrirá a otra instancia para solicitar nuevamente la libertad parcial de su representado.