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prisión

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reportó que, en lo que va del actual gobierno, han sido detenidas 15 mil 662 personas por distintos delitos en Chihuahua. Sin embargo, la cifra oficial de personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la entidad es de apenas 9 mil 400, lo que deja una diferencia de más de 6 mil individuos que no permanecen bajo custodia.

El titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, fue quien dio a conocer ambos datos en una presentación sobre los logros de su dependencia.

Al ser cuestionados sobre esta disparidad, dos funcionarios ofrecieron explicaciones que, si bien no se contradicen directamente, sí reflejan posturas distintas sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal y penitenciario en el estado.

Por un lado, el subsecretario de Estado Mayor, Luis Aguirre, defendió la cifra argumentando que el objetivo del sistema penitenciario no es castigar, sino reinsertar en la sociedad a las personas que han tenido conflictos con la ley:

“La finalidad del sistema penitenciario no es la reclusión de las personas, sino su reinserción. En estos cuatro años también ha habido personas que terminan sus procesos o que, mediante los programas establecidos, pueden reinsertarse anticipadamente en la sociedad”, dijo.

Aguirre señaló que al inicio de la administración había cerca de 7 mil personas en prisión, mientras que actualmente son alrededor de 10 mil, lo cual atribuyó a una mayor cobertura en los programas de reinserción laboral y educativa, que antes estaban ausentes para nueve de cada diez internos.

En contraste, el director del Sistema Penitenciario Estatal, general retirado Ricardo Fernández Acosta, ofreció una visión más crítica del flujo de internos, subrayando que “una gran parte de las personas detenidas ni siquiera cuenta con una sentencia firme”, o no ha sido judicializada.

“Tenemos mucha gente que entra y sale muy fácilmente. Algunos no sabemos si ya están judicializados. Hay personas que están dos o tres días y se van. Eso ya está fuera de nuestra responsabilidad, es asunto de los jueces”, explicó el general.

Las cifras y declaraciones formaron parte del informe presentado por el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, acerca de los resultados alcanzados en materia de seguridad pública en los 47 meses de la actual administración.

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvieron una sentencia condenatoria por 37 años de prisión en contra de María Guadalupe M. P., luego de ser declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por razones de género en perjuicio de una niña.

Los hechos acreditados por agentes de la Unidad de Investigación de Feminicidios establecieron que, en calidad de coautora, en abril del 2020, privó de la vida a la víctima de 6 años de edad mediante asfixia mecánica por estrangulamiento, mientras se encontraban al interior de un domicilio ubicado en la colonia Real Carolinas.

La fiscalía apeló una resolución judicial absolutoria ante segunda instancia y se señaló audiencia de individualización de sanciones ante el Tribunal de Enjuiciamiento, por lo que la mujer fue reaprehendida por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el 21 de diciembre del 2024 en la colonia San Carlos en el municipio de Delicias.

El Tribunal en el Distrito Judicial Morelos ordenó la sentencia condenatoria a purgarse en prisión y, además, ordenó el pago de la reparación del daño, por más de 743 mil 993 pesos por daños materiales, psicológicos y gastos funerarios.

Cabe señalar que Miguel Ángel Z. H., pareja de la mujer, ya se encuentra sentenciado por su participación en esos hechos.

(Comunicado)

El presidente de la República Argentina, Javier Milei hizo este martes un anunció que está cimbrando no solo al país sudamericano sino a las redes sociales: dio a conocer que prohibirá el cambio de sexo a personas privadas de la libertad, con el fin de evitar que sean trasladados a cárceles de mujeres.

La declaración realizada por el mandatario argentino contempla, además, la prohibición de teléfonos celulares en las cárceles, así como el trabajo con carácter obligatorio para todos los presos en el país para que de esa manera regresen de alguna forma el daño que le causaron a la sociedad.

La controversial medida de la prohibición del cambio de sexo, tiene como objetivo detener “los abusos del sistema”, por parte de reclusos que se han amparado en la Ley de Identidad de Género para buscar cambios de penales o acceder a beneficios que Milei calificó como indebidos.

Milei ejemplificó el caso reciente de un líder de la banda delictiva “Los Moros”, quien habría presentado 10 habeas corpus, para pedir cambiar de género y así obtener un traslado a una cárcel de mujeres, adquiriendo, de paso, condiciones más laxas y visitas de hombres.

“Solo en un país cuyos valores han sido profundamente trastocados puede permitirse semejante barbaridad. Por eso, con nosotros esta estupidez se termina”, dijo Milei.

“Vamos a prohibirlo, los delincuentes no van poder pedir un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género”, añadió.

El presidente argentino dijo que a la par de estas acciones impulsará una iniciativa para que los sistemas penitenciarios provinciales se puedan adherir.

(mr)

🚨🇦🇷 | SE PROHÍBE EL CAMBIO DE SEXO A PRISIONEROS

"Los delincuentes ya no no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género, se acaba esa estupidez”.

🟡 LINK: https://t.co/yYRYJPopGa pic.twitter.com/RyqtWNV9Yr

— El Peluca Milei (@ElPelucaMilei) November 26, 2024

En juicio oral, la FEM obtuvo una sentencia de 46 años y 10 meses de prisión, en contra de Eleazar P. P., por el delito de desaparición forzada, en perjuicio de Karely R.

La acusación establece que el 30 de junio del 2021, el hoy sentenciado realizó conductas tendientes a privar de la libertad a su pareja sentimental, con la finalidad de ocultar a la víctima aunado a que ejercía violencia familiar en su contra.

Durante todo el proceso judicial, se acreditó con suficientes testigos, testimoniales, informes de peritos y analistas tecnológicos, que robustecieron el caudal probatorio que llevó al fallo condenatorio emitido por un Tribunal de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Benito Juárez.

La individualización de la pena fue dictada por 46 años, 10 meses y 12 días, además del pago de una multa por 806 mil 500 pesos.

El imputado fue llevado ante el órgano jurisdiccional en noviembre del 2022, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación le cumplimentaron una orden de aprehensión, iniciando el proceso penal en su contra que este día culminó con la sentencia que deberá purgar en prisión.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), reitera su compromiso de actuar de manera pronta y oportuna para castigar los delitos en contra de las mujeres y otorgar justicia a las familias.

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