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Sentencian a mujer a cinco años de prisión por el delito de extorsión, luego de que autoridades estatales comprobaran que víctimas depositaron 50 mil pesos a su cuenta.

La Unidad Especializada en Delitos Cometidos a través de Medios Tecnológicos y Extorsión de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria contra Laura Isabel LL.G.

Las indagatorias establecen que el 24 de agosto de 2022 hizo llamadas telefónicas a sus víctimas, a quienes bajo amenazas e intimidaciones les exigió la cantidad de 50 mil pesos, refiriéndoles que si no entregaban el dinero serías secuestradas.

Las víctimas recibieron las llamadas telefónicas en la habitación de un hotel, ubicado al norte de la ciudad. Luego de tres horas de hostigamientos e intimidaciones, la ahora sentenciada consiguió que le depositaran a su cuenta bancaria la cantidad de 50 mil pesos.

El trabajo de investigación realizado por el Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), se logró establecer la identidad y participación de Laura Isabel LL.G., en los citados hechos delictivos por los que fue detenida mediante una orden de aprehensión.

Un sujeto conocido como “El Malandro” fue sentenciado a 145 años y cuatro meses de prisión, al ser comprobada su participación como uno de los autores materiales del homicidio de 13 personas en Creel en 2008.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente logró que un Tribunal de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Morelos en la ciudad de Chihuahua, dictara la sentencia contra José Antonio C. C., se informó en un comunicado de prensa.

Los hechos se registraron el 16 de agosto de ese año, al exterior del salón de eventos denominado Profortarah, en donde se llevaba a cabo un evento social con gran número de familias.

El agresor, en compañía de por lo menos otros 10 sujetos, a bordo de tres vehículos y portando armas de grueso calibre, dispararon en contra de las víctimas entre ellas un bebé de un año y cuatro meses.

La resolución judicial es la primera sentencia que se obtiene en contra de uno de los autores materiales por los hechos ocurridos en la comunidad turística de Creel, municipio de Bocoyna, como parte de la pugna de los grupos del crimen organizado.

El Tribunal de Enjuiciamiento, determinó el pago de reparación de daño por 469 mil 025 pesos en favor de las familias de cada una de las víctimas.

El ahora sentenciado fue capturado por la FGE en junio del 2021 en el estado de Sonora y trasladado de inmediato a Chihuahua para iniciar el proceso legal en su contra.

El exgobernador César D.J., seguirá en prisión y bajo proceso penal, luego de que la jueza de control, Delia Valentina Meléndez negó la solicitud de sobreseimiento que presentó la defensa.

Durante la madrugada de este viernes 5 de mayo, la jueza también rechazó el cambio de medida cautelar, por lo que el exmandatario deberá enfrentar el juicio por peculado y asociación delictuosa en el penal de Aquiles Serdán.

Valentina Meléndez rechazó los argumentos de la defensa contra las acusaciones del Ministerio Público contenidas en la causa penal 3041/2019, por el desvío de 96 millones de pesos.

La jueza de control desestimó el argumento de que el delito por el que se acusa a César D.J., no sea meritorio de prisión preventiva, así como el argumento de que la conducta no es materia penal, sino administrativa.

También, desestimó el argumento de que los delitos por los que se le acusa hayan prescrito.

La audiencia intermedia se reanudará posiblemente al mediodía de hoy.

Antes de la muerte por homicidio de José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, parte de la estructura familiar y de operadores más cercanos del presunto multihomicida ya habían sido capturados en operativos conjuntos del Ejército, la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones.

A menos de un mes de iniciados las operaciones conjuntas para dar con el responsable del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en el templo de Cerocahui, las fuerzas federales y estatales aprehendieron a un primo y al abuelo de José Noriel Portillo.

Tres días después de los hechos donde perdieron la vida los curas jesuitas Javier Campos y Joaquín Cesar Mora, así como del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma, las fuerzas del orden lograron la detención de César Iván ‘N’ y Humberto ‘N’, en un camino de terracería cerca del poblado de Cuiteco, municipio de Urique.

El primero de ellos fue identificado como primo de José Noriel Portillo, alias “El Chueco”.

La captura, según la versión oficial, tuvo lugar en un operativo de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía estatal en la región, identificada como el área de influencia de José Noel Portillo.

El 30 de junio, 10 días después del triple homicidio en el templo, las fuerzas federales y estatales detuvieron a Paciano Portillo, primo hermano de “El Chueco”, quien según versiones trascendidas en aquel entonces, era encargado de la distribución y venta de droga en la región suroeste de la sierra de Chihuahua.

Paciano Portillo, de 34 años, fue aprehendido en el puerto ferroviario de Bahuichivo, municipio de Urique, junto con otras dos personas, según lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado el día de la detención.

Siete días después, los mismos operativos federal y estatal aprehendieron a uno de los más cercanos colaboradores del entonces prófugo multihomicida.

Se trataba de Julio César ‘N’, cuya aprehensión fue difundida por el entonces subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, el 7 de julio de 2022.

Según la versión oficial, ese sujeto estaba con “El Chueco” cuando tiraron los cuerpos de los sacerdotes y del guía de turistas en una vereda cerca de Cerocahui.

La aprensión en Mexicali a Julio César ‘N’, quién se encuentra relacionado a los homicidios de Cerocahui, fue parte de un operativo conjunto en el que también participó la Fiscalía General de Baja California.

El Fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, informó que, desde el inicio de las operaciones y hasta este día, se habían capturado a 34 personas presuntamente vinculadas a la banda de “El Chueco”, además de que se hicieron decomisos de armas y desmantelamientos de campamentos.

La gobernadora Maru Campos dio a conocer que, tras los homicidios perpetrados por “El Chueco”, se desplegó un operativo en toda la zona aledaña al municipio de Urique, lo que motivó una caída sustancial en las actividades delictivas, como el tráfico de cerveza clandestina y el cobro de “cuotas” a empresas mineras.

Sin embargo, para la Compañía de Jesús y para la Diócesis de la Tarahumara, la muerte de Portillo Gil no es la solución ni el final que se deseaba en torno a los homicidios de sus hermanos religiosos.

Por tal motivo, han demandado que las medidas cautelares que se instrumentaron para proteger a la Compañía de Jesús se extiendan para toda la población y en otros lugares, donde abundan los hechos delictivos.