El presidente del Cluster Minero de Chihuahua (Clumin), Pablo Méndez Alvídrez, hizo un llamado a los diputados federales a que revisen la iniciativa presentada ante la cámara baja por el presidente de la República, ya que podría desalentar las inversiones del sector minero en el país.
“Hacemos este llamado ya que esta iniciativa limita, en muchos sentidos, a la inversión que podríamos recibir en el sector minero y no solo en la inversión extranjera, sino en la propia inversión nacional y en el sector en general”, dijo el titular.
Las propuestas aumentarían la carga reguladora de los productores e incluso hacen que el otorgamiento de nuevas concesiones sea más incierto.
De igual forma, Méndez Alvídrez señaló que es importante recordar que este sector es un polo de desarrollo en ciertas poblaciones, donde es difícil que el gobierno llegue con algunos servicios básicos.
“Algunas unidades mineras que trabajan en zonas serranas, llegan a sustituir un poco al gobierno y se entregan o se proporcionan servicios que pueden ser beneficiosos para todos”, declaró.
Agregó que se crea un polo de desarrollo, ya que se impulsa la proveeduría local, la cual sin la industria minera afectaría a muchas familias que viven de ella.
Además, dijo que es este sector quien crea escuelas, hospitales y dan apoyos económicos y médicos a familias de zonas mineras.
“De hecho, el monto es muchísimo mayor al que el propio Gobierno Federal ha entregado a estas poblaciones; por ello, hacemos de nueva cuenta un llamado a los diputados para que conozcan a fondo el funcionamiento de la industria para que se puedan aprobar leyes que sean beneficiosas tanto para las comunidades como para dicho sector”, enfatizó.
La iniciativa pretende eliminar el terreno libre de la Ley Minera y con ello quitar la posibilidad de solicitar nuevas concesiones sobre terrenos considerados actualmente como libres.
Con su eliminación, la única forma en que se podrían obtener nuevas concesiones mineras sería a través de concurso que garantice al Estado las mejores condiciones económicas y de beneficio para la población, así como la ejecución de acciones para restaurar y mejorar el ambiente.
Las modificaciones que pretende realizar el Ejecutivo federal, representan un cambio radical a las disposiciones sobre las cuales las empresas mineras, nacionales y extranjeras, invirtieron en el país.
Situación que puede generar salidas de capital a gran escala, lo que deriva en un decrecimiento de la industria minera en México; además de representar un beneficio evidente a empresas paraestatales.
