SEGURIDAD

La gobernadora María Eugenia Campos Galván asumió el compromiso de no “politizar” el tema de la seguridad y continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno Federal para reinstaurar la paz en la entidad.

Al pronunciar el discurso inaugural de las “Jornadas por la paz”, la mandataria chihuahuense dijo que se trabajará en una sola estrategia integral “guiada por la colaboración interinstitucional” para pacificar a los municipios.

Ante decenas de servidores públicos reunidos en la Calle Libertad, en el espacio ubicado entre el Palacio de Gobierno y la Casa Chihuahua, Campos Galván se congració del trabajo que viene realizando con las autoridades federales y, en particular, con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Me llena de alegría el ya haber tenido varias reuniones con la señora presidenta y su Gabinete de seguridad, al igual que el secretario de Seguridad Pública del estado de Chihuahua y el mismo fiscal General del Estado en en la Ciudad de México”, dijo.

Sobre Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, agregó que le daba un “voto de confianza en materia de seguridad al Gobierno Federal”.

“Confiamos en que compartimos el propósito de erradicar la violencia y tenemos la genuina esperanza de que esto es una meta posible”, explicó.

En la ceremonia estuvieron presentes los comandantes de las zonas militares 5ª y 42ª , los generales de brigada D.E.M. Rubén Zamudio Matías, y Alejandro Silva Hernández, respectivamente.

También estuvieron presentes el comisario Alejandro Rivas Salgado, Coordinador Estatal Chihuahua de la Guardia Nacional y Dr. Fernando Ávila González, Secretario Técnico y Representante de la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana, así como la delegada del Bienestar, Mayra Chávez.

Por parte de la sociedad civil, acudieron el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, quien habló a nombre del sector privado, y el presbítero Francisco Moriel, vicario de la diócesis de la Tarahumara.

Por parte del Gobierno del Estado, estuvieron el fiscal General, César Jáuregui Moreno; el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, y el secretario de Seguridad Publica, Gilberto Loya.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, elogió el sistema penitenciario que instauró el presidente de la República de El Salvador, Nayib Buquele, y consideró la posibilidad de aplicar lo mismo en Chihuahua.

Asimismo, comparó la política de seguridad pública del mandatario salvadoreño con la estrategia de seguridad que ha aplicado el gobierno estatal que encabeza la gobernadora Maru Campos Galván.

A pregunta expresa sobre el tema, Loya Chávez mencionó que el ambiente de inseguridad que generaban las pandillas y la delincuencia organizada ocasionó en el país centroamericano la necesidad de tener un sistema penitenciario “mucho más robusto”.

“El sistema penitenciario El Salvador … funciona muy bien, digo prácticamente es la cárcel más grande del continente”, agregó.

A los salvadoreños, dijo, les ha estado funcionando, por lo que hay cosas “que se pueden adecuar al estado de Chihuahua”.

Agregó que hay medidas del gobierno de Bukele que pueden funcionar en el estado de Chihuahua.

En conferencia de prensa celebrada en el Palacio de Gobierno, Loya dijo que la política de seguridad que instauró el presidente Nayib Bukele “es prácticamente lo que hizo la gobernadora Maru Campos aquí en el estado de Chihuahua”.

“Es decir, primero apostarle al tema de seguridad a la inversión en seguridad pública para generar una pacificación”.

Cabe mencionar que las medidas penitenciarias y de seguridad pública aplicadas en El Salvador hay motivado una serie de denuncias por violaciones a los derechos humanos, recibidas por instancias internacionales.

Organismos como Amnistía Internacional han señalado que Bukele “está siguiendo un camino peligroso hacia convertirse en un estado represivo.

La Iglesia mexicana ha enviado esta semana un mensaje al Gobierno de Claudia Sheinbaum para alertar sobre una “violencia extrema” que se vive en el estado de Guerrero y la “situación alarmante” que atraviesa todo el país.

El mensaje llega después del brutal asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, que apareció el domingo pasado decapitado y abandonado en una camioneta.

Se trata de una de las primeras peticiones directas que ha lanzado la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) al nuevo Ejecutivo.

Apenas unos días atrás había escrito otro para condenar el asesinato de seis migrantes en manos de soldados del Ejército en Chiapas.

La institución católica ha solicitado ahora a las Administraciones federal, estatal y local que tomen cartas en el asunto para frenar la ola de violencia que sacude a la entidad.

“La CEM”, apuntan, “exhorta a las autoridades de todos los niveles a tomar acciones concretas e inmediatas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos”.

En el documento, la CEM hace “un llamado urgente a recurrir a la Agenda Nacional de Paz y a implementar procesos de pacificación en todas las regiones afectadas por la violencia”.

La Agenda Nacional de Paz es un documento redactado por un grupo de instituciones religiosas con lineamientos para atender lo que llaman “una crisis de violencia sin precedentes”.

A través de su sitio web oficial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán publicó un documento titulado Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días, el cual incluye un breve diagnóstico con los asuntos que serían prioritarios en la primera etapa del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta.

El reporte tiene fecha de septiembre de 2024 y fue elaborado, aparentemente, por mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En las primeras páginas del archivo se especifica que los objetivos para los primeros tres meses del próximo gobierno son: disminuir la incidencia de homicidios dolosos y delitos de alto impacto, mejorar la percepción ciudadana sobre la actuación el gobierno ante hechos violentos, neutralizar generadores de violencia y redes criminales y, finalmente, pacificar al país, publicó Infobae.

Para la consecución de tales metas, las autoridades contemplan una serie de estrategias como el fortalecimiento de labores de inteligencia e investigación, el robustecimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la coordinación integral entre miembros del gabinete.

Dentro de los temas considerados prioritarios destaca la identificación de diez municipios que concentran una cuarta parte (25.3%) de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada registrados en todo el país: Colima, Tijuana, Acapulco, Celaya, Cajeme, Ciudad Juárez, Tlajomulco de Zúñiga, Chihuahua, León y Benito Juárez.

En el arranque de su administración, el gabinete de Sheinbaum Pardo atenderá primordialmente seis de estos territorios: Tijuana (Baja California), León (Guanajuato), Celaya (Guanajuato), Acapulco (Guerrero), Benito Juárez (Quintana Roo) y Colima (Colima).