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El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, informó que la empresa Seguritech, encargada de la Plataforma Centinela, deberá absorber los costos por reparación o reposición de cámaras de videovigilancia que resulten dañadas o derribadas mientras permanezcan en operación.

Durante una conferencia de prensa, Loya explicó que el esquema de pago a la empresa depende directamente del funcionamiento activo de las cámaras y sistemas conectados a la plataforma tecnológica.

“Si tumban una cámara al Estado no le cuesta. El proveedor tiene que ir y ponerla de nuevo con costo al proveedor”, afirmó.

El funcionario detalló que, cuando un equipo deja de transmitir señal, el Gobierno del Estado suspende temporalmente el pago correspondiente a ese servicio hasta que vuelva a operar.

“Si la cámara cae y pierdo la señal, cuando eso pasa yo dejo de pagar ese servicio”, señaló.

Además, el titular de la SSPE reveló que Seguritech ya enfrenta penalizaciones por alrededor de 120 millones de pesos derivadas de incumplimientos detectados tanto por la propia dependencia como por observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

“Nosotros hemos aplicado ya unas penalizaciones por un monto alrededor de 120 millones de pesos. Esto en función de hallazgos propios que nosotros teníamos”, declaró.

Loya Chávez indicó que las sanciones forman parte de los mecanismos contemplados en el contrato para garantizar el cumplimiento del proyecto Centinela y asegurar el correcto uso de los recursos públicos.

Agregó que, tras las observaciones emitidas por la ASE, la Secretaría decidió acelerar las revisiones y aplicar evaluaciones trimestrales para verificar el avance y funcionamiento del sistema.

“Decidimos hacerlo ya y hacerlo trimestralmente por dos razones: poder garantizar que el proyecto salga en tiempo y forma y también darle tranquilidad a la Auditoría Superior del Estado de que las cosas se están haciendo bien”, puntualizó.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que la administración estatal logró recuperar más de 112 millones de pesos por incumplimientos de contrato y retrasos en obras y servicios por parte de la empresa Seguritech en la ejecución de las obras relativas a la Plataforma Centinela.

Según el informe de la ASE, ya fue atendida una de las observaciones realizadas a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) por irregularidades detectadas en el Proyecto Centinela.

En un comunicado, el titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, señaló que la observación surgió durante la revisión de la Cuenta Pública 2024 de la SSPE, específicamente en torno al contrato del sistema integral de videovigilancia, monitoreo y seguridad del Proyecto Centinela.

Sin embargo, al cierre del ejercicio fiscal 2024, la SSPE aún no había aplicado las sanciones correspondientes por incumplimientos en la entrega de diversos conceptos, entre ellos:

  • 30 arcos carreteros
  • 10 filtros de seguridad en la Torre Centinela
  • 17 videowalls
  • 2 centros de mando ubicados en Guadalupe y Calvo y Nuevo Casas Grandes.

Según el comunicado oficial, tras la observación de la ASE, la Secretaría de Seguridad Pública suspendió pagos correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2024, al no contar con la totalidad de los bienes pactados.

Posteriormente, la dependencia realizó un análisis técnico y financiero para determinar las sanciones aplicables al proveedor.

El conflicto derivó en un proceso de conciliación administrativa promovido por Seguritech ante la Secretaría de la Función Pública el 12 de marzo de 2025, con el objetivo de reclamar los pagos retenidos.

De acuerdo con la ASE, durante el proceso se realizaron al menos 15 audiencias de conciliación en las que participaron la SSPE, la Secretaría de Hacienda estatal, la Secretaría de la Función Pública y la empresa contratista.

Finalmente, el 28 de febrero de 2026 fue firmado un nuevo convenio modificatorio mediante el cual se establecieron las penalizaciones económicas.

Como parte del acuerdo, Seguritech entregó dos notas de crédito: una por 90 millones 744 mil pesos y otra por 21 millones 632 mil pesos. La recuperación total ascendió a 112 millones 377 mil 446 pesos.

La Auditoría Superior notificó oficialmente el pasado 12 de mayo que la observación quedó solventada y aclarada, luego de revisar la documentación entregada por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

El auditor Héctor Acosta Félix aseguró que se trata de “la primera vez que un proyecto de esta magnitud tiene un ajuste de costo a la baja” derivado de un proceso de fiscalización.

El Proyecto Centinela, es considerado uno de los principales proyectos de seguridad del gobierno estatal y que durante los últimos años ha enfrentado cuestionamientos por costos, tiempos de ejecución y transparencia contractual.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) por pagos indebidos realizados a la empresa Seguridad Privada S.A. de C.V. (Seguritech), correspondientes al contrato para la construcción de la Plataforma Centinela, cuya ejecución aún se encuentra en curso.

El titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, detalló que la denuncia se sustenta en el uso de documentación falsa o alterada para justificar pagos a la empresa por trabajos que, al momento de cobrarse, aún no se habían realizado y que, por tanto, no debieron pagarse.

La falta habría sido cometida tanto por personal de la empresa como por funcionarios del Gobierno del Estado que facilitaron el trámite de cobro, a sabiendas de que las obras pagadas no se habían ejecutado.

“Son contratos de bienes que no se han entregado, pero que ya se pagaron”, explicó el auditor.

El hecho presuntamente ilícito forma parte de la auditoría practicada por la ASE a la totalidad del contrato otorgado a Seguritech, el cual incluye la instalación, equipamiento y puesta en operación de la Plataforma Centinela, sistema de seguridad pública impulsado por la actual administración estatal.

Asimismo, el contrato contempla la construcción de la Torre Centinela, un edificio de 20 pisos ubicado en el centro de Ciudad Juárez, que albergará tanto el sistema del mismo nombre como las operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El pago indebido y la denuncia que de éste forman parte de la revisión integral de la ejecución del proyecto, cuyos resultados fueron presentados ayer, 28 de enero, ante integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.

De acuerdo con lo expuesto por la ASE, las irregularidades y retrasos detectados ascienden a alrededor de 98.4 millones de pesos, monto que —aclaró Acosta Félix— se encuentra garantizado, ya que corresponde a pagos que han sido retenidos a la empresa y que se descontarán del costo final de la obra.

Además de la sanción económica, la denuncia presentada ante la FACH podría derivar en responsabilidades penales, en caso de comprobarse que Seguritech recibió pagos por trabajos que aún no había realizado.

Al respecto, el auditor aclaró que la empresa contratada pudo haber entregado posteriormente las obras pagadas; sin embargo, el hecho de haberlas cobrado antes de su conclusión mediante documentación falsa o alterada constituye un posible delito, y no solo una falta administrativa.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió investigar los contratos otorgados a la empresa Seguritech Privada S.A. de C.V., especialmente aquellos firmados por Gobiernos estatales, por su falta de resultados y opacidad en la ejecución de los mismos.

Durante su conferencia Mañanera del Pueblo del viernes 1 de agosto, la mandataria nacional sostuvo que “no basta con instalar cámaras de videovigilancia si no hay resultados en seguridad ni transparencia en el uso de recursos públicos”.

En Chihuahua, Seguritech es la empresa responsable de la Plataforma Centinela.

“Se hizo mucho negocio con los llamados C5… Se presume que tener un C5 resuelve el problema de seguridad, y no”, insistió.

Agregó que hace falta evaluar el uso real de estas tecnologías para la prevención, persecución y esclarecimiento del delito.

Sheinbaum destacó que la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad obliga a fiscalizar los contratos financiados con recursos federales, lo que permite que la Auditoría Superior de la Federación revise los convenios firmados con Seguritech.

Sheinbaum demandó investigar contratos millonarios de videovigilancia, al advertir que la instalación de sistemas de videovigilancia no basta para mejorar la seguridad si no existe un impacto real en la prevención del delito ni transparencia en el uso de recursos públicos.

“Cuando se usan recursos federales, pues evidentemente entra la Auditoría Superior de la Federación”, señaló Sheinbaum durante su conferencia matutina. Y agregó que, si bien las cámaras pueden ser útiles —al funcionar como elementos disuasivos—, su efectividad depende del uso que se les dé.

“Lo cierto es que se hizo mucho negocio con los llamados C2, C3, C4, C5, dependiendo de las atribuciones. También es cierto que se presume que tener un C5 resuelve el problema de seguridad, y no. Por supuesto que ayudan las cámaras, son importantes, pero también hay que ver el uso que se les da”, advirtió.

Sheinbaum sostuvo que “estos montos multimillonarios relacionados con la instalación de estos centros de monitoreo tienen que investigarse porque no son justificados”.

Puntualizó que es bueno que haya cámaras: “es muy bueno que se usen bien los servicios también, pero que no sea solamente cámaras sin todo lo que va acompañado. Y segundo, que no se mal usen los recursos públicos”.

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