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Sierra de Chihuahua

La muerte de dos ciudadanos estadounidenses en la sierra de Chihuahua dejó de ser un hecho aislado. Medios de Estados Unidos confirmaron que los fallecidos estaban vinculados a la CIA, lo que abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la participación de agencias extranjeras en operativos contra el narcotráfico en México.

De acuerdo con reportes de The Washington Post y The New York Times, los dos estadounidenses que murieron en el accidente ocurrido en Chihuahua eran funcionarios de la CIA.

Ambos regresaban de una operación encabezada por autoridades mexicanas para desmantelar laboratorios de droga en la sierra, cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco y explotó.

Según los reportes, los agentes estadounidenses no participaron directamente en el aseguramiento del narcolaboratorio, pero sí estaban involucrados en labores de inteligencia y coordinación con autoridades mexicanas.

El operativo permitió ubicar un complejo clandestino de gran escala para la producción de drogas sintéticas, considerado uno de los más importantes en la región.

El grupo regresaba de reuniones posteriores a la intervención cuando ocurrió el accidente, en una zona serrana de difícil acceso.

Versiones encontradas en México

Mientras medios internacionales apuntan a una participación activa en tareas de inteligencia, autoridades estatales en Chihuahua sostuvieron inicialmente que los estadounidenses realizaban labores de capacitación.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los oficiales formaban parte de una misión, y advirtió que se investigará si hubo violaciones a la Constitución o a la Ley de Seguridad Nacional.

El caso ha escalado más allá del accidente.

La presencia de agentes de la CIA en una operación vinculada al combate al narcotráfico ocurre en medio de una presión creciente del presidente Donald Trump para endurecer las acciones contra los cárteles.

“Porque no traemos un chaleco antibalas ni un vehículo blindado. Necesitamos auxilio”, fue el clamor del párroco de Guachochi, Enrique Urzúa, luego de una nueva jornada de violencia que dejó siete personas asesinadas en la región serrana.

En medio de un clima de desolación por los recientes ataques de grupos armados, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, se trasladó al municipio de Guachochi para encabezar una reunión en la que se definieron nuevas estrategias de seguridad, tras los homicidios registrados durante el fin de semana.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que Loya Chávez sostuvo el encuentro con los mandos operativos responsables, con el fin de coordinar el despliegue de 130 elementos de distintas corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

La reunión se realizó en el subcentro de mando C7-iA de Guachochi, donde participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Policía del Estado. Ahí se revisaron los avances del operativo, se fortalecieron estrategias conjuntas y se evaluaron los resultados obtenidos hasta el momento.

El director estatal de los C7-iA, Jorge Arturo Muro, y el subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez Domínguez, presentaron un informe detallado sobre las acciones implementadas para garantizar la seguridad en la región serrana.

El encuentro y el envío de refuerzos ocurrieron un día después de que hombres armados abrieran fuego contra pobladores, dejando cinco personas muertas en un solo punto y otras dos en hechos distintos.

El ataque provocó una oleada de indignación y reclamos públicos, entre ellos los del párroco Enrique Urzúa y docentes del municipio, tras el asesinato del maestro Luis Ever N.

Urzúa lamentó que las víctimas fueran, en su mayoría, civiles.
“Hasta donde he visto, la mayoría son gente del pueblo… gente de Dios”, recalcó.

Con tono de desesperanza, añadió:
“Hoy, queridos hermanos, como lo he dicho muchas veces, y no sé hasta cuándo lo seguiremos diciendo… porque no sé hasta cuándo las balas dejen de resonar en nuestro pueblo.”

La Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) denunció el colapso de la seguridad en la Sierra Tarahumara, tras la ola de asesinatos ocurrida el pasado fin de semana en Guachochi y San Francisco de Borja, donde 23 personas fueron ejecutadas y varias viviendas y vehículos fueron incendiados.

En un comunicado difundido ayer lunes, la organización advirtió que el Estado mexicano ha perdido la capacidad de controlar al crimen organizado, mientras las comunidades serranas viven sitiadas por la violencia y abandonadas por las instituciones.

“A los pueblos de la Sierra llegan los balazos, los incendios y los robos del precario patrimonio, pero nunca llegan la justicia ni la paz”, señaló la Cosyddhac.

Crisis prolongada y omisión oficial

La organización, con más de 40 años de trabajo en defensa de los derechos humanos en Chihuahua, consideró “inaceptable” la incapacidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el derecho básico a la vida, la integridad física y la paz de las comunidades serranas.

“Al dolor de las comunidades se suma la indignación que sentimos ante la incapacidad de las autoridades por garantizar a la ciudadanía el respeto a la vida, a la integridad física y a vivir en paz, libres de toda violencia”, expresó la Cosyddhac.

El comunicado recordó que, apenas unos días antes de la masacre del fin de semana, también en Guachochi fueron localizados los cuerpos de tres personas ejecutadas, lo que evidencia una escalada de ataques continuos contra familias y comunidades inocentes.

“Mientras los gobiernos se conforman con sacudirse la responsabilidad entre ellos y publicitar reuniones o detenciones, la realidad en la Sierra Tarahumara se deteriora entre balaceras, incendios intencionales, desplazamientos forzados y amenazas”, señaló el pronunciamiento.

“El Estado ha perdido la capacidad de controlar la delincuencia”

La Cosyddhac afirmó que el Estado mexicano “ha perdido la capacidad de controlar la delincuencia”, al menos en sus expresiones más violentas, y que el crimen organizado se ha empoderado como un poder fáctico en diversas regiones del país.

El comunicado sostiene que ninguna institución de seguridad enfrenta eficazmente a los grupos criminales y advierte que incluso las fuerzas armadas “se han convertido en parte del problema y no en la solución”, al haber adquirido poder e incurrido en redes de corrupción.

“¡Basta de echarse la responsabilidad de un gobierno a otro! ¡Basta de fotos y declaraciones autocomplacientes!”, exigió la organización civil.

Exigen un plan de justicia y paz

Cosyddhac expresó su solidaridad con las familias y comunidades afectadas por la violencia y exigió la implementación inmediata de un Plan de Justicia y Paz con participación directa de los pueblos serranos.

Dicho plan —propuso la organización— debe incluir metas claras, medibles y evaluables públicamente, que atiendan tanto las manifestaciones visibles de la violencia como sus causas estructurales: la marginación, la pobreza y la ausencia del Estado de derecho.

Asimismo, manifestó su respaldo al obispo Juan Manuel González Sandoval, titular de la Diócesis de la Tarahumara, así como al clero y agentes pastorales que han mantenido una postura activa en favor de la paz y la justicia.

La Comisión cerró su posicionamiento con un exhorto directo a las autoridades federales, estatales y municipales.

“Por el fin de la impunidad, por una justicia eficaz y radical que fundamente la verdadera paz para los pueblos de la Tarahumara”, sentenció.

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) dio a conocer que un total de 393 combatientes, trabajan en el control y extinción de 14 incendios forestales, que se encuentran activos en ocho municipios de la Sierra Tarahumara.

A través de un comunicado de prensa se informó que de acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), se estima una superficie afectada de 25 mil 621 hectáreas en los municipios de: Bocoyna, Morelos, Madera, Guachochi, Moris, Guadalupe y Calvo, Balleza y Batopilas.

Las brigadas que combaten los incendios están integradas por personal de Conafor, SDR, brigadas rurales y brigadas comunitarias apoyadas a través del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), se indicó.

Estas acciones se realizan con el respaldo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, añade el reporte.

La SDR reiteró su llamado urgente a la población para extremar precauciones y colaborar en la prevención de incendios forestales, adoptar medidas básicas como apagar completamente fogatas y no arrojar colillas de cigarro en áreas naturales.

En caso de detectar fuego o humo en zonas forestales, se pide reportarlo de inmediato al 800 737 0000 o al 911.

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