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Ciudad de México, 29 de abril de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasado 28 de abril, a las 18:00 horas, recibió solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado, las solicitudes fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para que, en el marco de la Ley de Extradición Internacional y el Tratado de Extradición bilateral, se evalúe su procedencia conforme a la legislación mexicana.

La SRE detalló que, tras una revisión jurídica inicial de los documentos entregados por la Embajada de Estados Unidos, no se encontraron elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de las personas solicitadas ni para justificar una detención provisional con fines de extradición.

No obstante, precisó que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de analizar si existen elementos probatorios conforme al sistema jurídico mexicano y determinar la viabilidad de las solicitudes de detención provisional.

Finalmente, la cancillería anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos debido a la forma en que se dio a conocer la información, ya que los tratados vigentes establecen disposiciones específicas sobre la confidencialidad de estos procesos.

Ciudad de México.- La Embajada de Estados Unidos en México emitió este miércoles un comunicado en el que se pronunció sobre la acusación formal presentada por la justicia estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios sinaloenses.

En el texto, firmado por el embajador Ron Johnson, la embajada señaló que combatir la corrupción y la delincuencia transnacional es una prioridad compartida entre México y Estados Unidos.

“La corrupción que habilita al crimen organizado y daña a ambos países será investigada y procesada dondequiera que aplique la jurisdicción de Estados Unidos”, enfatizó el comunicado.

El documento agrega que ambos países se han comprometido a fortalecer la transparencia, aplicar las leyes anticorrupción y defender el estado de derecho, porque “esto es lo que nuestros ciudadanos a ambos lados de la frontera merecen”.

La embajada reiteró su compromiso de trabajar en estrecha coordinación con el gobierno mexicano para fortalecer las instituciones, la seguridad y la prosperidad, aunque aclaró que no puede comentar sobre los detalles específicos de las acusaciones, ya que el proceso legal deberá seguir su curso.

Este posicionamiento ocurre el mismo día en que se reveló la acusación federal contra Rocha Moya, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y otros ocho funcionarios por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (“DEA”), Terrance C. Cole, anunciaron hoy la desclasificación de una acusación formal (indictment) que imputa a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez (alias “Cholo”), Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito (alias “Tornado”), Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán (alias “Juanito”), por delitos de narcotráfico y armas relacionadas.

A través de un comunicado oficial, se informó que Millán se le imputan además cargos por su participación en secuestros de una fuente de la DEA y un familiar de ésta, que resultaron en sus muertes.

Todos los acusados son funcionarios actuales o anteriores de alto nivel del gobierno y de las fuerzas del orden en el estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Se alega que colaboraron con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos hacia Estados Unidos.

Según la acusación, los acusados participaron en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.

Entre otras acciones, se les acusa de:

Proteger a líderes del cártel de investigaciones, arrestos y procesos penales.
Entregar información sensible de fuerzas del orden y militares al cártel.
Ordenar a policías estatales y municipales (incluida la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía Investigadora y la Policía Municipal de Culiacán) que protegieran cargamentos de droga.
Permitir que el cártel cometiera violencia brutal sin consecuencias.

A cambio, los acusados habrían recibido millones de dólares en sobornos provenientes del narcotráfico.

La acusación señala que los funcionarios estaban más estrechamente alineados con la facción del Cártel conocida como “Los Chapitos” (los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán).

En el caso específico de Rubén Rocha Moya, se alega que fue elegido gobernador de Sinaloa (cargo que ocupa desde el 1 de noviembre de 2021) con la ayuda de Los Chapitos, quienes supuestamente secuestraron e intimidaron a sus rivales.

A cambio, Rocha Moya habría asistido a reuniones con ellos, prometiendo proteger sus operaciones de distribución masiva de drogas hacia EE.UU., y como gobernador les habría permitido operar con impunidad en Sinaloa.

El comunicado enfatiza que esta acusación forma parte de una serie contra más de 30 miembros y asociados del Cártel de Sinaloa desde 2023.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, de acuerdo con información publicada por Milenio.

Según el medio, los señalamientos derivan de un documento judicial en el que se le relaciona con integrantes del Cártel de Sinaloa, como parte de una investigación más amplia sobre redes de operación criminal en esa entidad.

La publicación indica que en el mismo expediente también se mencionan otros funcionarios y exfuncionarios locales, lo que apunta a posibles conexiones dentro de estructuras gubernamentales.

Ante ello, Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que no existe ninguna investigación formal en su contra. El mandatario sostuvo que los señalamientos carecen de sustento y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en caso de ser requerido.

El caso se da en un contexto de creciente presión entre México y Estados Unidos, por la presunta intervención de agentes estadounidenses de la CIA en Chihuahua.