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La diputada local Edith Palma (Morena) calificó la actuación del actual secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, de “muchas palabras y menos acción”, porque los problemas de violencia que afectan a la región serrana continúan afectando a la población.

Tras afirmar que sí hay desplazamiento de personas en el municipio de Guadalupe y Calvo motivado por la delincuencia, la legisladora dijo que el secretario Loya debe actuar “al revés”, es decir, hablar menos y actuar más.

A pregunta expresa sobre su opinión en torno a la forma como se ha desempeñado el titular de la SSPE, Edith Palma dijo que habla como si estuviera todo bien.

“Veo las notas, habla bien (Gilberto Loya), se escucha todo bien. Yo creo que eso está fuera de orden”, dijo.

Sobre las aspiraciones políticas que ya ha expresado el funcionario estatal, quien ha manifestado su deseo de contender por el Gobierno del Estado en las elecciones del 2027, respondió que

“Sí vi notas, que quiere ascender”, comentó la entrevista, quien consideró que, en el momento actual, esa no es su función.

En Chihuahua, el Gobierno del Estado desvió 232.1 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), según lo informó el diario Milenio, con base en documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De ese total, 155.2 millones, que representan el 70 por ciento de lo malversado, habría ocurrido en durante la gestión del gobernador César Duarte Jáquez (PRI), mientras que los otros 75.8 mdp sucedieron entre el 2016 al 2023.

El presunto desvío de los 155.2 millones se habría presentado en el 2016, año durante el cual, César Duarte gobernó entre enero y octubre, antes de entregar el cargo a Javier Corral Jurado (PAN).

Duarte Jáquez está bajo proceso penal por un presunto desvío cercano a los 120 millones de pesos que estaban destinados a programas de apoyo al campo.

Motivo de esa causa, fue detenido en la ciudad de Miami, deportado a México y trasladado a Chihuahua, donde enfrenta proceso penal desde el año 2022. Actualmente, se encuentra en libertad bajo caución.

En cuanto Javier Corral, terminó su período de gobierno en octubre del 2021, también enfrenta un proceso penal por un probable desvío de 96 millones de pesos para el pago de servicios de asesoría para la reestructuración de la deuda del estado.

Estuvo cerca de ser aprehendido por efectivos de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua en la ciudad de México, pero su captura quedó impedida por la intervención de la Policía de esa entidad.

Actualmente, es senador de la República por el partido Morena.

Abiertos a colaborar: SSPE

Acerca de los desvíos del FASP, Luis Aguirre, subsecretario de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), dijo que la dependencia está “abierta a la colaboración” con las autoridades investigadoras.

Agregó que la dependencia estatal ha mantenido una coordinación y “un reporte muy transparente a la auditoría superior del estado” sobre el ejercicio de esos recursos. Sin embargo, no especificó si estaban enterados del desfalco detectado por la ASF, o si ya se emprendió una averiguación sobre el caso.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar de manera responsable y adecuada la línea de emergencias 9-1-1.

A través de un comunicado de prensa la SSPE expuso que mantener libre de llamadas improcedentes es fundamental para garantizar una respuesta rápida y efectiva de las autoridades.

Un caso reciente ejemplifica la importancia de este servicio: el pasado 5 de febrero arrollaron a una persona en la carretera Jiménez a Parral, donde la rápida acción del servicio de emergencias permitió a las autoridades atender el reporte en 4 minutos, tras ocurrido el accidente, se indicó.

En el lugar se ubicó un hombre de 34 años, quien presentaba posible amputación, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a recibir atención médica para salvar su vida, añade el comunicado.

Este caso resalta la necesidad de evitar la saturación de las líneas con llamadas innecesarias.

El uso indebido del 9-1-1 afecta la capacidad de los cuerpos de seguridad para atender emergencias reales, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de la ciudadanía, agregó la SSPE.

Por ello, exhortó a la población chihuahuenses a utilizar el número de emergencias únicamente en situaciones que requieran la atención inmediata de las autoridades.

Asimismo, la SSPE invitó a evitar llamadas falsas o innecesarias, ya que estas pueden sobrecargar el sistema y dificultar la atención oportuna de quienes realmente necesitan ayuda.

Una mujer fue detenida este jueves por elementos de la Policía del Estado en la ciudad de Chihuahua, luego de que fuera denunciada por tener a su hijo de tan solo dos años en situación de desnutrición, mal estado de salud y con omisiones de atención médica.

La SSPE, en coordinación con personal del DIF Estatal, atendieron la denuncia en la colonia Ladrilleras Sur, donde acudieron los agentes de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Proximidad Social y de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Morelos, pertenecientes a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.

El martes 6 de febrero, el grupo interdisciplinario arribó al lugar, tras recibir informes que apuntaban a que la madre del infante, Guadalupe P. M., de 43 años, había ignorado llevar a su hijo a recibir atención médica, a pesar de que este presentaba quemaduras de primer grado, se informó.

Al ingresar al domicilio, las autoridades confirmaron el estado del niño, quien no solo mostraba lesiones visibles, sino que además presentaba signos de abandono y un estado de desnutrición avanzado, agrega el reporte oficial.

Ante la gravedad del caso, se logró el aseguramiento del menor de edad, a quien se le encontró con la piel y ropa pegada, por lo que de manera inmediata se solicitó al Hospital Infantil de la capital la atención médica por quemaduras con agua hirviendo.

Por lo anterior, la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Morelos, aplicó una medida de protección para garantizar su correcta asistencia, ya que la madre omitió y se negó a acceder a que se le brindara la atención médica correspondiente.

Dicha medida también abarcó el resguardo provisional de la hermana de 5 años del menor de edad, a quien se le trasladó a un Centro de Asistencia Social propio del DIF Estatal, donde recibirá todos los servicios y cuidados necesarios, en tanto se realizan las investigaciones y averiguaciones necesarias, se informó.

Guadalupe P. M., fue detenida en el lugar por los elementos de la SSPE y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se inició un proceso para determinar su responsabilidad en los hechos, apunta el comunicado.