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Un intenso enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad y un grupo de aproximadamente 15 civiles armados dejó como saldo dos agresores sin vida, tres detenidos (uno de ellos herido) y el aseguramiento de un importante arsenal en un tramo de terracería entre las comunidades de El Ocote y Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Los hechos se registraron la tarde de este domingo durante un recorrido de vigilancia implementado como parte de las acciones de seguridad en la región serrana. Elementos de la Policía del Estado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detectaron al grupo armado en las cercanías.

Al ser detectados, los presuntos integrantes del grupo criminal abrieron fuego contra los elementos de seguridad, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Ante la superioridad en volumen de fuego de las fuerzas del orden, los agresores se replegaron y huyeron del lugar.

Como resultado del operativo, fueron detenidos Luis Antonio H. D., de 23 años (alias “El Mono”, originario de Parral según algunas fuentes); César Guadalupe G. G., de 28 años (alias “Pelón”, también de Parral); y David C. E., de 33 años, quien resultó lesionado durante el tiroteo.

Este último fue trasladado de urgencia en el helicóptero de la SSPE a un hospital para recibir atención médica inmediata.

En el sitio del enfrentamiento se confirmó la muerte de dos agresores por impactos de bala.

No se reportaron bajas fatales entre los elementos de seguridad, aunque uno resultó con lesiones leves por esquirlas, sin riesgo para su vida.

Tras neutralizar la agresión, con apoyo de personal de Policía Rural de Despliegue, se aseguraron:

  • 7 armas largas
  • 14 cargadores
  • Chalecos antibalas y equipo táctico
  • Cientos de cartuchos útiles
  •  

Los tres detenidos, junto con el armamento y equipo decomisado, fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público federal o estatal, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su posible vinculación con grupos delictivos activos en la zona y esclarecer los motivos del ataque.

El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal para castigar con prisión las llamadas falsas o de broma al número de emergencias 9-1-1, tras una iniciativa impulsada por el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, y analizada en la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil.

La modificación adiciona el Artículo 307 Bis, que sanciona a quien, de manera intencional, realice una llamada falsa o comunique un aviso inexistente que provoque la movilización de servicios de seguridad, emergencia médica, Protección Civil o rescate.

La pena base es de seis a doce meses de prisión y multa de 100 a 400 UMAs.

Las sanciones pueden aumentar hasta en una mitad la prisión y hasta en una tercera parte la multa si la llamada genera movilización efectiva de corporaciones o causa daños, lesiones o perjuicios.

El juez evaluará factores como reincidencia, número de reportes falsos y magnitud de recursos movilizados.

La reforma aclara que no se aplicará sanción penal si la llamada falsa deriva de un error de apreciación sin dolo, conforme a las excluyentes de responsabilidad del Código Penal.

La diputada Nancy Frías, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, explicó que cada reporte falso ocupa líneas y recursos, retrasando la atención a emergencias reales.

Los operadores deben tratar todo aviso como genuino hasta verificar lo contrario, lo que puede implicar el despliegue de ambulancias, patrullas, bomberos o rescate, dejando zonas sin cobertura temporal.

En 2025, el sistema 9-1-1 en Chihuahua recibió 2 millones 454 mil 268 llamadas, de las cuales 65.30% fueron improcedentes, según datos oficiales.

Esta saturación distrae recursos destinados a incidentes legítimos y representa un riesgo para la seguridad pública.

Con la reforma se busca promover un uso responsable del servicio y priorizar la atención oportuna a quienes realmente la requieren. La medida se alinea con disposiciones similares en otros estados del país.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, informó que durante la marcha del Día Internacional de la Mujer realizada el domingo en Chihuahua se registraron ocho personas detenidas, seis atenciones médicas menores y daños limitados a bienes públicos y privados.

El funcionario explicó que el operativo se diseñó con base en experiencias de años anteriores para reducir riesgos durante la manifestación.

Expuso que, durante esta jornada de la tarde del domingo, se otorgaron seis atenciones médicas a personas que venían participando en la marcha, todas ellas de carácter menor.

De la colocación de muros metálicos, Loya Chávez aseveró que fueron parte del operativo para brindarle seguridad a todas las personas que venían participando.

De acuerdo con el reporte oficial, la Secretaría de Seguridad Pública desplegó 67 recorridos de vigilancia y 157 patrullajes virtuales a través del sistema de videovigilancia del estado, además de sobrevuelos con drones.

El titular de la corporación indicó que durante la movilización también se detectaron cuatro drones particulares, los cuales fueron monitoreados por personal de seguridad.

“Todos ellos tuvieron cobertura de un dron de la Secretaría de Seguridad Pública para poder visualizar su actuar y ninguno representó algún riesgo para la seguridad del evento”, afirmó.

Detenciones por daños

Loya Chávez informó que ocho personas fueron detenidas por presuntamente causar daños durante la movilización.

De los daños causados, señaló que sí los hubo en algunos edificios, sobre todo en la farmacia del Ichisal, ubicada en la Avenida Universidad, donde se llevó a cabo la marcha, pero no se detectó el ingreso de personas al edificio.

En total, fueron seis edificios públicos y tres del sector privado que resultaron con algún tipo de daño.

El funcionario aseguró que las afectaciones fueron menores, principalmente pintas en fachadas y daños superficiales en recubrimientos de edificios y monumentos.

Entre los detenidos se encuentran tres adultos y cinco menores de edad, quienes fueron señalados como presuntos responsables de afectaciones a edificios y monumentos.

Aseguró que los detenidos eran personas infiltradas en una marcha legítima, que buscaban generar violencia y poner en riesgo a las participantes”, sostuvo.

Entre los adultos detenidos mencionó a:

  • RC, de 35 años
  • Sebastián Arturo MG, de 22 años
  • Dante RM, de 21 años

Las autoridades señalaron que los menores involucrados tienen entre 13 y 17 años de edad.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) instaló un perímetro de seguridad en el primer cuadro de la ciudad de Chihuahua con el objetivo de resguardar la marcha convocada para el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo.

De acuerdo con la dependencia estatal, durante la tarde del 5 de marzo comenzaron a colocarse vallas metálicas principalmente en la calle Aldama y en el entorno del Palacio de Gobierno de Chihuahua, con el fin de delimitar un área de resguardo previo a la movilización.

La SSPE informó que estas acciones buscan garantizar el libre ejercicio del derecho a la manifestación, así como preservar la seguridad de las participantes y proteger instalaciones públicas mediante una presencia institucional coordinada.

Hace un año, la SSPE hizo instalar muros metálicos movibles en torno al Palacio de Gobierno y otros edificios públicos para protegerlos de pintas y probables actos vandálicos. La medida causó una gran controversia, sobre todo, porque se hizo una fuerte inversión en la compra de esos muros de contención.

Para el operativo del 8 de marzo se prevé la participación de diversas corporaciones, entre ellas Bomberos, Protección Civil, Policía Vial y personal de Asuntos Internos, además del despliegue de unidades y ambulancias para atender cualquier eventualidad durante el desarrollo de la marcha.

Asimismo, la dependencia estatal indicó que se mantendrá vigilancia permanente mediante el sistema tecnológico de monitoreo Plataforma Centinela, desde donde se dará seguimiento al desarrollo de la movilización para detectar y atender de forma inmediata cualquier situación que pudiera presentarse.

Antecedentes de disturbios

Las movilizaciones del 8 de marzo en la capital del estado han estado marcadas en los últimos años por una alta participación ciudadana y, en algunos casos, por episodios de confrontación y daños a inmuebles públicos.

En 2025, la marcha del 8M registró una de las mayores concentraciones de participantes en la ciudad de Chihuahua en los últimos años.

Miles de mujeres recorrieron las principales calles del centro histórico para exigir justicia por casos de feminicidio y denunciar la violencia de género.

Al concluir la movilización se registraron pintas, daños en puertas y ventanas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, así como afectaciones en mobiliario urbano y confrontaciones con elementos de seguridad que resguardaban el edificio.

En 2023, durante la protesta realizada también en el centro histórico, se reportaron daños en ventanas y accesos del mismo recinto gubernamental, además de pintas en monumentos y edificios públicos.

En esa ocasión, un grupo de manifestantes intentó retirar las vallas metálicas instaladas por las autoridades y se generaron momentos de tensión con policías.

Un año antes, en 2022, la marcha concluyó con actos de vandalismo en inmuebles del centro y en la Plaza Hidalgo, donde se registraron pintas y daños en mobiliario urbano.

Incluso en 2021, en el contexto de protestas por feminicidios y violencia de género, la movilización terminó con daños en monumentos y confrontaciones verbales entre manifestantes y elementos de seguridad que resguardaban el recinto del Poder Ejecutivo estatal.

Ante estos antecedentes, en los últimos años las autoridades han optado por instalar vallas metálicas y desplegar operativos preventivos en el primer cuadro de la ciudad durante la conmemoración del 8 de marzo.

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