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Dentro de las acciones para atender a los habitantes de diversas poblaciones del municipio de Guadalupe y Calvo, tanto para el retorno seguro de las personas a sus comunidades, como para brindarles seguridad, la Fiscalía de Distrito Zona Sur descartó la reciente privación ilegal de la libertad de personas en dicha región.

Como parte de la atención integral que se brinda en el lugar, ayer jueves 20 de diciembre, las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) conformadas por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, apoyaron con el resguardo y custodia de 95 personas que se trasladaron a las comunidades Santa Tulita, Puerto de Ánimas y Puertoriyito.

En la comunidad de Puerto de Ánimas, los cuerpos de seguridad se entrevistaron con las familias de los adolescentes de iniciales E.A.G.A. y J.M.A.A. de 15 y 13 años de edad, respectivamente, quienes a través de una denuncia pública fueron reportados como privados de libertad el día 15 de diciembre.

No obstante, las familias de los menores descartaron dicha situación, e indicaron que ambos se encontraban sanos y salvos en el hogar, por lo que desconocían el origen de esa versión.

El despliegue operativo de las corporaciones de seguridad se mantendrá en forma permanente, en aras de restaurar el orden y la paz en dicha región, mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (Ceave), continúa con la atención, acompañamiento y envío de apoyos alimentarios y de salud a las familias de estas comunidades.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, se sumó a la petición emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar un refuerzo por parte del Gobierno Federal, en la vigilancia de la región de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, a través de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lo anterior, debido a que los habitantes de la región viven constantemente con el temor de los grupos armados, ya que comentan que por las noches escuchan detonaciones de armas de fuego, e incluso aseguran haber visto drones por encima de sus comunidades, así como vehículos con personas armadas.

Esto se suma a los constantes llamados de apoyo por la comunidad, en la que informan de personas privadas de su libertad por civiles armados, pues tan solo del 15 al 19 de diciembre, reportan a cuatro jóvenes como desaparecidos en la región. Además, los habitantes denuncian un constante temor por ser desplazados de manera forzada por parte de grupos criminales.

En este sentido, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), así como la FGE han mantenido un despliegue operativo importante, sin embargo, es de suma necesidad la presencia y participación del Gobierno Federal en la región, como lo demanda en una carta de la Diócesis de la Tarahumara dirigida a la Secretaría de Gobernación.

En dicha misiva, a la que se ha sumado el Secretario Gilberto Loya, las autoridades chihuahuenses solicitan al Gobierno Federal:

1.⁠ ⁠Se lleven a cabo operativos permanentes, y no solo operativos esporádicos ni pasajeros.

2.⁠ ⁠Urgentemente se localicen a los jóvenes que reportan privados de su libertad

3.⁠ ⁠Se instale una mesa de seguridad en Baborigame con autoridades, pobladores y asociaciones civiles.

En esta petición, firman: Mons. Juan Manuel González S., obispo de Tarahumara; Pbro. Gabriel Parga Terrazas, párroco de Baborigame; P. Javier Ávila Aguirre, S.J. presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.; Diana Villalobos Díaz, directora de Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.; Rosa Icela Rodríguez Velásquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Clara Luz Flores Carrales, secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; César Jáuregui Moreno, Fiscal General de Chihuahua y Norma Ledezma Ortega, titular de la Ceave.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) frustraron un intento de privación de la libertad de migrantes, en la carretera que conduce de Chihuahua a El Sauz, durante la madrugada de este martes.

Un reporte de venezolanos indicó que tripulantes de una camioneta habían sustraído a la fuerza a una pareja, para después emprender la huida con rumbo a El Sauz, por lo que se activó el protocolo de seguridad Centinela.

Luego de las primeras averiguaciones y el trabajo coordinado con la Plataforma Centinela, los oficiales de la Policía del Estado iniciaron la búsqueda de un vehículo Jeep Comander de color blanco, que se dirigió con rumbo a la seccional antes mencionada y que fue localizado minutos más tarde al exterior de una vivienda.

Al realizar el despliegue táctico para evitar incidencias, los oficiales pudieron corroborar la presencia de las víctimas en la vivienda, así como a los posibles responsables, quienes intentaron retirarse del lugar.

Los agentes de la SSPE detuvieron a a Abel David J. E. de 37 años y Raquel Lucero G. T. de 32 años, presuntos responsables del hecho, a quienes además se les aseguró una camioneta Jeep Comander de color blanca, tres armas de fuego y 35 cartuchos útiles.

Tras liberar a las víctimas, se solicitó apoyo y coordinación en el lugar de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado (FGE), para poner a disposición de las autoridades correspondientes a los detenidos.

En busca de robustecer la seguridad en la región en conjunto con diversas corporaciones de este rubro, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal orquestó un operativo permanente de vigilancia, patrullaje y seguridad desplegado en la región de Nuevo Casas Grande, reforzado además con la Base de Operaciones Institucionales (B.O.I.).

Este despliegue sumó elementos estatales, unidades y un vehículo blindado que cumplirá funciones de vigilancia en las regiones de Janos, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Flores Magón y Casas Grandes, así lo declaró el Subsecretario de Despliegue Policial, Simeón Esparza.

Por otra parte, la vigilancia aérea, en conjunto con las herramientas Centinela, mantienen una especial relevancia en dichas zonas, es por ello, que la SSPE destinó un helicóptero y un equipo de operadores de drones para realizar maniobras aéreas de seguridad.

Este despliegue cuenta también con la participación de la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), con el objetivo de mantener las comunidades seguras.