El empresario Eduardo “Lalo” Almeida citó este viernes a conferencia de prensa en el exterior de las instalaciones del Poder Judicial para anunciar que un juez un juez federal ordenó la comparecencia obligatoria del senador Javier Corral en la audiencia inicial por la denuncia presentada por amenazas.
Según Almeida, el juez advirtió que, de no acudir de manera personal, se aplicará apercibimiento e incluso podría tenerse por desistida la denuncia, conforme al artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En un comunicado, el empresario, quien fue acusado de presuntos actos de corrupción por el gobierno de Corral Jurado, informó que el juez ordenó al Ministerio Público Federal entregar a la defensa y al propio Almeida la carpeta física, foliada y certificada de la demanda que interpuso el exgobernador y ahora senador de la República contra Almeida.
La denuncia derivó de una bravata ocurrida en marzo del 2025, cuando Almeida y Corral coincidieron en el aeropuerto “Roberto Fierro” de la ciudad de Chihuahua.
El altercado ocurrió el 20 de marzo de 2025 en la sala de espera del aeropuerto, cuando Almeida increpó a Corral por las investigaciones impulsadas durante su administración.
Según se pudo apreciar un video que circuló en redes sociales, el empresario elevó el tono y se aproximó de manera agresiva al exgobernador, lo que obligó a personal de seguridad a intervenir.
Tras el incidente, Corral declaró que el comportamiento de Almeida era “una expresión más del desquiciamiento personal y político de quienes se sintieron afectados por la lucha anticorrupción”.
El empresario respondió acusando al exgobernador de haber montado “una persecución política” en su contra y de fabricar denuncias para utilizarlo como “moneda de presión” en el caso Duarte.
La disputa pública coincide con un revés jurídico para Almeida. En junio y julio de 2025, tribunales federales confirmaron la validez de un crédito fiscal superior a 511 millones de pesos, derivado de omisiones de ISR e IVA detectadas por autoridades hacendarias desde 2014.
La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y un tribunal colegiado negaron los últimos recursos promovidos por el empresario, dejando firme la decisión.
Con el fallo, la Procuraduría Fiscal de la Federación quedó en posibilidad de reactivar una carpeta penal por presunta defraudación fiscal agravada, lo que podría escalar el caso hacia una acción penal formal.
Almeida ha sostenido reiteradamente que el expediente fiscal es resultado de una “venganza política” de Corral, a quien —según él— apoyó económicamente en etapas anteriores.
Corral, por su parte, ha afirmado que las investigaciones se basaron en auditorías, trazabilidad financiera y triangulación de recursos vinculados a la red operada bajo el gobierno de César Duarte.
El enfrentamiento en el aeropuerto se suma a una larga serie de señalamientos cruzados entre ambos personajes y vuelve a colocar el caso en el centro del debate público, ahora bajo la atención del nuevo contexto judicial que enfrenta el empresario.
Cabe mencionar que, a la fecha, Corral y Almeida son compadres.
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