Archives for agosto 2026

Amnistía Internacional exigió al Estado mexicano reconocer oficialmente a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos, debido a la labor que realizan para localizar a sus familiares desaparecidos y exigir verdad y justicia.

La organización señaló que este reconocimiento debe permitirles acceder al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante los riesgos, amenazas y agresiones que enfrentan durante sus búsquedas.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, sostuvo que las familias han tenido que asumir una responsabilidad que corresponde a las autoridades, debido a la falta de resultados de las instituciones encargadas de buscar a las personas desaparecidas.

Pese a trabajar con recursos limitados y escaso respaldo institucional, destacó, las buscadoras han localizado cientos de cuerpos en fosas clandestinas en distintas regiones del país.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván minimizó la idea de que una alianza opositora sea indispensable para que el PAN conserve la gubernatura de Chihuahua en 2027 y recordó que, en 2021, Acción Nacional ganó la elección estatal con una ventaja de 12 puntos.

Cuestionada sobre la reunión que sostuvo durante el fin de semana con Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, y sobre la posibilidad de construir una alianza rumbo a la sucesión gubernamental, Campos señaló que el triunfo de 2021 demuestra que las coaliciones son un factor “relativo”.

“Ganamos la gubernatura en el año 2021 con 12 puntos arriba. Íbamos en alianza con el PRD. Ganamos los dos juntos”, señaló.

No obstante, la gobernadora reconoció que el PAN deberá esperar la definición de su dirigencia nacional antes de comenzar formalmente la construcción de acuerdos locales.

Explicó que será necesario contar con la “venia” del presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, para posteriormente buscar las alianzas en Chihuahua.

“Por supuesto que queremos ir todos juntos”, afirmó Campos, quien planteó que Acción Nacional pretende convertirse en un espacio de encuentro para los ciudadanos inconformes con la administración federal.

La gobernadora sostuvo que corresponde a la dirigencia estatal panista encabezar la búsqueda de acuerdos y definir la estrategia para una eventual coalición.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván respaldó la campaña emprendida por el Partido Acción Nacional en contra del presidente municipal con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, en la que se llama a ponerle “cruz al crimen”.

“Yo creo que ese espectacular no está diciendo ninguna mentira”, afirmó la mandataria.

La gobernadora sostuvo que Chihuahua no debe convertirse en Sinaloa y aseguró que desde el estado se mantendrá una postura de combate al crimen organizado.

“Desde Chihuahua le ponemos una cruz al crimen”, expresó.

El alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, contiende por la candidatura de Morena al Gobierno del Estado en un proceso interno que se decidirá en los próximos días.

La prisión preventiva se ha convertido en uno de los factores que presionan la capacidad del sistema penitenciario de Chihuahua, reconoció Gilberto Loya Chávez, titular de la SSPE, quien planteó la necesidad de acelerar la resolución de los procesos judiciales y, eventualmente, revisar el marco legal para determinados delitos.

En conferencia de prensa, Loya Chávez expuso que la prisión preventiva cumple una función necesaria, como es la de retirar de las calles a personas que representan un riesgo y evitar que reincidan mientras se desarrolla el proceso correspondiente.

Sin embargo, apuntó, también representa una sobrecarga para las autoridades y operadores del sistema penitenciario del Estado, por lo que la acumulación de personas sin sentencia supone una carga adicional para los centros de reclusión.

“Se convierte en un arma de dos filos”, señaló el secretario al explicar que mantener a personas en prisión preventiva implica proporcionarles alimentación, agua, alojamiento y todos los servicios que requiere un centro penitenciario, además de ocupar espacios que podrían destinarse a una clasificación adecuada de la población.

Loya sostuvo que la saturación no puede resolverse simplemente ocupando los espacios disponibles, ya que los internos deben clasificarse según su nivel de riesgo.

Puso como ejemplo el Centro de Reinserción Social número 2, considerado una unidad de bajo riesgo, donde se concentra principalmente a personas sentenciadas cuyo perfil criminal y nivel de peligrosidad han disminuido.

“No es un tema nada más de rellenar espacios por rellenar espacios”, advirtió, pues colocar a internos sin una correcta clasificación podría poner en riesgo a otros integrantes de la población penitenciaria y afectar la estabilidad de los propios centros.

Separan a sentenciados de procesados

El funcionario destacó que una de las modificaciones implementadas por la actual administración penitenciaria ha sido comenzar a separar a las personas sentenciadas de aquellas que todavía no han recibido una sentencia.

La medida, dijo, responde tanto a las disposiciones en materia de derechos humanos como a una estrategia para favorecer los procesos de reinserción social.

La separación busca evitar que personas que aún enfrentan un proceso penal establezcan vínculos negativos con internos sentenciados y que esa convivencia termine por dificultar su eventual reinserción.

Loya señaló que la Secretaría de Seguridad Pública mantiene comunicación permanente con el Supremo Tribunal de Justicia y la Fiscalía General del Estado para acelerar, en la medida de sus atribuciones, la definición de la situación jurídica de las personas privadas de la libertad.

El objetivo es que los internos puedan conocer cuanto antes si serán liberados por falta de elementos o si recibirán una sentencia que determine el tiempo que deberán permanecer en prisión.

Pide revisar prisión preventiva para delitos que afectan a Chihuahua

Aunque aclaró que la aplicación de la prisión preventiva no depende de su criterio personal, sino de lo establecido en la legislación, Loya consideró que Chihuahua podría requerir reformas legales para atender delitos que tienen una incidencia particular en la entidad y que no necesariamente se consideran graves dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Como ejemplo, mencionó el caso hipotético de una persona detenida durante un enfrentamiento o en un punto de vigilancia carretero con un fusil de asalto.

Aun cuando se tratara de un primer delito, cuestionó que pudiera recuperar su libertad durante el proceso, debido al riesgo que representa la posesión de un arma de ese tipo.

“Sí, creo que eventualmente hay delitos que se deben calificar todavía aún más con prisión preventiva”, sostuvo.

El secretario vinculó esta discusión con la estrategia de seguridad estatal y aseguró que en los últimos cinco años los homicidios han disminuido en 43 por ciento en Chihuahua, aunque consideró que podrían alcanzarse mayores avances mediante reformas legales.