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A casi un año del hallazgo de 386 cadáveres en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, la Fiscalía de Operaciones Estratégicas informó que hasta el momento han sido identificados y entregados 250 cuerpos a sus familias.

De los otros 136, la Fiscalía ya ha logrado obtener perfiles genéticos de al menos 118, mientras continúan los trabajos periciales para lograr la identificación de los restantes.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Javier Sánchez Herrera, explicó que los cuerpos restantes corresponden a los casos con mayor grado de descomposición, lo que ha complicado los procesos de identificación.

“Los 250 sí están identificados y entregados”, afirmó el funcionario al hacer un balance de los avances alcanzados por la Fiscalía.

Los casos más difíciles siguen pendientes

Respecto al proceso penal relacionado con el caso, Sánchez Herrera indicó que actualmente no hay personas detenidas.

Recordó que dos personas fueron arrestadas inicialmente, pero una falleció mientras permanecía internada en el Cereso número 3 y otra obtuvo un amparo que le permitió recuperar su libertad.

“Tengo entendido que ese amparo ya fue revocado por el tribunal colegiado y la persona tiene una investigación que no llevamos nosotros”, señaló.

El funcionario detalló que desde el momento en que las autoridades tomaron control de los cuerpos se aplicó un procedimiento integral de documentación e individualización de cada cadáver.

“Obtuvimos evidencia de cada uno de ellos, elementos individualizantes. Todo eso se registra, se documenta y se integra a un expediente básico detallado”, explicó.

Indicó que, aunque los cuerpos continúan con su proceso natural de descomposición, la Fiscalía ya cuenta con las muestras biológicas necesarias para desarrollar perfiles genéticos y realizar cotejos posteriores.

El ADN, la última ruta para devolverles identidad

Sánchez Herrera reconoció que los últimos 136 cuerpos representan el mayor reto pericial debido a su estado de degradación.

“Muchos de ellos están edéntulos, no tenían tejido blando que presentara tatuajes y por eso no fue posible hacer cotejo odontológico o identificación visual”, dijo.

Precisó que la Fiscalía ya cuenta con cerca de 118 perfiles genéticos obtenidos de esos cuerpos y que el resto permanece en reprocesamiento para intentar recuperar ADN utilizable.

El fiscal explicó que el principal obstáculo ahora no es únicamente técnico, sino localizar a las familias relacionadas con los cuerpos depositados.

“Son muy pocos los resultados que hemos tenido de las muestras que las personas de colectivos han donado y que coinciden con los cuerpos”, comentó.

Añadió que, una vez concluidos los perfiles genéticos, el siguiente paso será ampliar la búsqueda de familiares que hayan tenido relación con funerarias vinculadas al crematorio.

Sobre los tiempos de identificación genética, Sánchez Herrera explicó que los procesos pueden prolongarse durante meses, especialmente en casos de cuerpos calcinados o sometidos a condiciones extremas.

“El ADN se degrada y tenemos que llevar a cabo varios procesos hasta completar el número de marcadores necesarios para un resultado confiable”, explicó.

Detalló que la Fiscalía requiere al menos 15 marcadores genéticos válidos para emitir una identificación científicamente sustentada.

“Primero se limpia el material biológico, luego se amplifica, se extrae, se cuantifica y muchas veces hay que reprocesar varias veces”, indicó.

El funcionario aseguró que la Fiscalía cuenta con la tecnología necesaria para desarrollar estos análisis, aunque el tiempo depende de la complejidad y conservación de cada muestra biológica.

El abogado Roberto Gil Zuarth calificó como un acto de “hostigamiento” y “persecución política” el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por lo que no descartó presentar una denuncia penal contra quien haya emprendido una causa penal en su contra sin retirarle previamente el fuero constitucional.

En declaraciones públicas realizadas en diversos medios de comunicación, el exdiputado federal y exsenador de la República postulado por el PAN adelantó que la defensa de la gobernadora presentará una denuncia penal contra quienes resulten responsables de iniciar actos de investigación contra una gobernadora en funciones sin haber promovido previamente un procedimiento de desafuero.

“Es un acto de hostigamiento”, declaró Gil Zuarth en entrevistas concedidas a medios nacionales tras darse a conocer el citatorio enviado por la FGR.

Quien fuera secretario particular del presidente Felipe Calderón y, además, abogado general del PAN, adelantó que Campos Galván acudirá a comparecer ante autoridades federales el próximo 27 de mayo, aunque insistió en que el procedimiento presenta irregularidades constitucionales.

Según explicó, la FGR debió iniciar previamente un procedimiento de desafuero antes de emprender actos de investigación dirigidos contra una gobernadora en funciones.

El abogado sostuvo que el documento entregado a la mandataria no especifica con claridad qué conducta concreta se investiga ni cuál sería el posible delito relacionado con su comparecencia.

Además, afirmó que el contenido del citatorio sugiere elementos que podrían colocar a Campos Galván no solo como testigo, sino como posible persona investigada dentro del expediente federal.

Gil Zuarth argumentó que la Constitución establece un procedimiento específico para actuar penalmente contra un gobernador en funciones, el cual requiere primero una declaración de procedencia aprobada por la Cámara de Diputados federal y posteriormente una validación del Congreso local.

Pese a ello, aseguró que la gobernadora acudirá a la diligencia “dando la cara”.

El citatorio forma parte de las investigaciones abiertas por la FGR tras un operativo en la Sierra Tarahumara en el que participaron agentes estadounidenses y donde murieron dos elementos extranjeros y dos mexicanos luego de un accidente vehicular.

La Fiscalía federal investiga posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y a las disposiciones que regulan la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano.

En torno al caso, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que el llamado a entrevista forma parte de procedimientos ordinarios de investigación y aclaró que, hasta el momento, no existe imputación formal contra la gobernadora chihuahuense.

“Son sencillamente entrevistas”, declaró la mandataria federal durante su conferencia matutina.

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció su renuncia a la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal rumbo al próximo proceso electoral.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la dirigencia nacional del partido, el pasado 25 de mayo, en la que señaló que su compromiso con el proyecto político de Morena continuará desde una nueva etapa.

Diversos reportes señalan que López Beltrán buscaría competir por una diputación federal por Tabasco, entidad considerada uno de los bastiones políticos de su familia y del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

La salida de quien era considerado uno de los principales operadores internos de Morena ocurre en medio de un proceso de reacomodos políticos rumbo a las elecciones de 2027.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, aseguró que el proyecto del Centro Internacional de Fusión de Inteligencia entre Chihuahua, Texas y agencias estadounidenses continuará adelante, pese a la controversia generada en torno a la colaboración binacional en materia de seguridad.

Gilberto Loya Chávez

Durante la conferencia de prensa de este lunes 25 de mayo, el funcionario estatal afirmó que el proyecto sigue en construcción y que, aunque el proceso podría retrasarse por revisiones federales y cuestionamientos políticos, no será cancelado.

“Por supuesto que va a continuar, nosotros vamos a seguir impulsándolo porque lo necesitamos. Los chihuahuenses lo necesitan”, declaró.

El funcionario recibió cuestionamientos acerca del anuncio que él mismo había realizado en meses y años anteriores, en el que señaló que la Torre Centinela, ubicada en Ciudad Juárez, reservaría espacios para operaciones de agencias estadounidenses.

Sujeto a la autorización de Relaciones Exteriores, aclara

Loya explicó que el centro inicialmente operará como una instancia estatal y nacional de intercambio de inteligencia y que posteriormente buscará evolucionar a un esquema internacional, sujeto a la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Comité de Seguridad Nacional.

Loya calificó como “chirinola” la controversia en torno a la intervención de agencias extranjeras en Chihuahua sin el consentimiento del Gobierno Federal y reconoció que esa polémica reciente podría ralentizar el proceso de aprobación.

“Seguramente se hará un poco más lento el proceso… pero esto no detiene al Gobierno del Estado de Chihuahua”, señaló.

Continuará la colaboración con autoridades de EU

El titular de la SSPE defendió la colaboración con autoridades estadounidenses al afirmar que el crimen organizado es un fenómeno “transnacional” que no puede enfrentarse únicamente desde una visión local.

“Lo único que podemos tener para garantizar la seguridad de los chihuahuenses en los siguientes años es un combate frontal contra la delincuencia organizada, no darles tregua”, sostuvo.

Añadió que Chihuahua mantiene, desde administraciones anteriores, un esquema permanente de coordinación fronteriza con agencias de Estados Unidos y autoridades mexicanas, mediante reuniones mensuales en las que participan corporaciones federales, estatales y locales de ambos países.

Entre las agencias estadounidenses mencionó representantes de la DEA, FBI, ATF y HSI, además del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y autoridades de Texas y Nuevo México.

Del lado mexicano participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, Instituto Nacional de Migración, Fiscalía General del Estado y corporaciones estatales y municipales.

No habrá entrega de personas mexicanas a autoridades extranjeras, aclara

Según explicó, la intención del nuevo convenio era institucionalizar y agilizar el intercambio de información ante amenazas relacionadas con tráfico de drogas, armas, personas y vehículos robados.

“El primer límite es que íbamos a estar en el mismo espacio físico, pero cada quien utilizando sus sistemas”, precisó.

Loya insistió en que las corporaciones chihuahuenses no realizan entregas directas de personas a autoridades extranjeras y que todas las detenciones son puestas a disposición de las autoridades mexicanas.

“Nosotros no entregamos a ninguna persona a ninguna autoridad”, afirmó.

Como ejemplo, señaló casos de ciudadanos estadounidenses buscados por delitos sexuales que son localizados en Ciudad Juárez mediante alertas compartidas entre corporaciones.

En esos casos, explicó, la intervención estatal se limita a detenciones administrativas y a la posterior intervención del Instituto Nacional de Migración, si la persona se encuentra de manera irregular en el país.

El funcionario también confirmó que recientemente invitó al nuevo delegado de la Fiscalía General de la República en Chihuahua a conocer la Plataforma Centinela y la torre de seguridad estatal, próxima a operar al 100 por ciento.

Aseguró que la plataforma ha fortalecido las investigaciones ministeriales y ha permitido robustecer carpetas de investigación mediante evidencia tecnológica.

“Uno de los más beneficiados con la Plataforma Centinela ha sido el sistema de justicia del Estado”, afirmó.

Loya sostuvo que la estrategia de inteligencia y cooperación internacional busca reducir homicidios y enfrentar de manera directa a las organizaciones criminales que operan en la región fronteriza.

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