Modificar las 23 leyes en materia administrativa como lo plantea el Ejecutivo violentarán el orden jurídico nacional, son discrecionales, provocarán opacidad, atentan contra el medio ambiente y generarán un clima de incertidumbre jurídica, dijo la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
La iniciativa pretende que el gobierno unilateralmente decida cuando “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”.
Por lo que, la Confederación pidió al Congreso de la Unión un “diálogo abierto, franco, serio y sin excusiones”, a través de un parlamento abierto con todos los involucrados.
Esa propuesta “violenta el orden jurídico nacional y atentan contra las empresas que participen en la construcción de obras con el Gobierno federal, porque éste, en cualquier momento, puede dar por terminados los contratos sin pagar indemnización alguna”.
En segundo lugar, toda decisión unilateral es discrecional y ello “genera suspicacias, y evita que haya transparencia en los procesos”.
Se pretende modificar 23 leyes. La Concamin aseguró que dentro del planteamiento de la reforma que envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión para modificar 23 leyes en materia administrativa está el concentrar en “la Secretaría de la Función Pública la facultad de realizar las compras y adquisiciones de forma consolidada, vía las Unidades de Administración y Finanzas”, de aprobarse, como está, se hará “a un lado las licitaciones públicas, lo que podría generar actos de corrupción y complicidad”.
Les preocupa también que se atentará contra el medio ambiente y los recursos naturales “al no ser necesarios” esos estudios de impacto ambiental para iniciar la construcción de una obra.
Por todo ello, la Concamin, dijo que “de ser aprobadas esas iniciativas en los términos que fueron presentadas, se estaría vulnerando el Estado de Derecho y generaría un clima de incertidumbre jurídica”.
En el texto de las reformas se permite que la administración pública federal modifique contratos o las condiciones iniciales de una compra, incluso después de que se concretó la compra, de encontrarse que no se responde al interés general o si quebrantan las leyes en beneficio de interés privados.
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