Por mayoría, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó aplicar una multa al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 97 millones 916 mil 665 pesos a causa de los desvíos de recursos públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua hacia ese instituto político, durante el 2015.
El consejero Jaime Rivera Velázquez, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, afirmó que había “muchos indicios concatenados” para corroborar que el PRI de Chihuahua recibió entregas de dinero en efectivo del gobierno estatal por 39 millones 166 mil 666 pesos.
Mencionó que el entonces secretario de Finanzas del PRI, Pedro Mauli Romero, era el encargado de recibir esas ministraciones de recursos públicos, mismos que se destinaban a pagar sueldos de dirigentes de 65 comités municipales de dicho partido en el estado.
El asunto inició por una vista que dio la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihua en el año 2018, cuando dicha dependencia detectó la salida de dinero que terminaba en la secretaría de Finanzas del PRI, agregó.
Luego de que la representación del partido tricolor en el INE solicitara que el dictamen regresara a Comisión por considerar que no había pruebas suficientes para demostrar que el dinero sustraído de las arcas del gobierno de Chihuahua llegó a su institución, el consejero respondió que había evidencias, “y muchas”.
“Se acreditó plenamente que la Secretaría de Hacienda entregó en el año 2015 al representante de finanzas (Pedro Mauli Romero Chávez) 39 millones 166 mil 666 pesos”, dijo.
“Está bien acreditado la calidad del secretario de finanzas del Comité del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez; de eso no hay duda”.
“Están también acreditadas las entregas en efectivo que se realizaban mensualmente en las instalaciones de la tesorería estatal, previa firma de un recibo simple del secretario de finanzas”, continuó el consejero.
Mencionó que existen pruebas de que se usó para el pago de sueldos de 65 presidentes de comités municipales.
“Este hecho fue declarado por el secretario de finanzas del PRI en el estado. No son meras especulaciones, se trata de una cadena de hechos probados y algunos indicios que, concatenados, brindan pruebas es una investigación amplia, muy completa, cuyos hallazgos no han sido desvirtuados”.
Tras dos rondas de discusión, donde la representación del PRI pidió que la Comisión de Fiscalización conociera primero la denuncia de tortura que ha interpuesto su extesorero en contra de Francisco González Arredondo, el fiscal anticorrupción que llevó la investigación, el Consejo General aprobó con nueve votos a favor y dos en contra el dictamen en el que se establece la sanción.
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