No era una toma clandestina escondida entre matorrales. En un predio de Guanajuato había combustible suficiente para llenar casi 2 mil pipas de 30 mil litros, almacenado en 10 grandes tanques y acompañado por vehículos, contenedores, facturas y documentación contable.
A pesar del tamaño de la operación, el cateo concluyó sin personas detenidas.
Autoridades federales aseguraron cerca de 59 millones de litros de combustible en un inmueble ubicado en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide. Se trata del decomiso más grande registrado durante la actual administración federal.
La Fiscalía General de la República detalló que entre el producto asegurado había 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de gasolina prémium y 18.2 millones de diésel.
El volumen equivale a aproximadamente 371 mil barriles o a la capacidad de casi 2 mil autotanques de 30 mil litros cada uno.
La investigación comenzó en julio, cuando las autoridades detectaron una pipa cuyo conductor no pudo acreditar la procedencia legal ni la trazabilidad del combustible que transportaba.
El operador fue detenido y la revisión de la ruta recorrida por la unidad condujo a otros establecimientos relacionados con el almacenamiento y la venta de hidrocarburos.
Las indagatorias llevaron primero a una gasolinera localizada en San Luis de la Paz y posteriormente a un inmueble dedicado al despacho de gas LP en Dolores Hidalgo. De acuerdo con los reportes oficiales, ambos negocios estarían vinculados con un mismo propietario.
El seguimiento terminó en el predio de La Fragua, donde un juez federal autorizó el cateo que permitió localizar los 10 tanques y los millones de litros de combustible.
En el operativo participaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y corporaciones estatales de Guanajuato.
La magnitud del hallazgo apunta a una red con capacidad para recibir, almacenar, trasladar y comercializar combustible a gran escala.
Entre los objetos asegurados se encontraron vehículos de carga, contenedores, facturas y registros contables que ahora serán analizados para establecer quiénes operaban el inmueble y hacia dónde era distribuido el producto.
Fuentes de seguridad citadas por medios nacionales señalaron que el predio estaría relacionado con un conglomerado dedicado a la comercialización de combustibles y con domicilio fiscal en Coahuila. La posible participación de esa empresa deberá ser determinada por la investigación ministerial.
Las autoridades no han aclarado si el combustible fue sustraído de instalaciones de Petróleos Mexicanos o si ingresó al país mediante un esquema de contrabando conocido como “huachicol fiscal”.
Tampoco han informado públicamente qué empresas o estaciones de servicio recibían el producto ni quiénes eran los responsables directos del centro de almacenamiento.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que pidió a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, acelerar las investigaciones para identificar el origen y el destino del combustible, así como a las personas y empresas involucradas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que continúan las investigaciones para detener a quienes participaron en la operación.
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