Ayer viernes, dos candidatos a alcaldías, en diferentes municipios de México fueron asesinados, en el marco del proceso electoral 2023-2024.
Se trata de Noé Ramos (PAN), quien aspiraba a ocupar la presidencia municipal de El Mante, Tamaulipas y de Alberto Antonio García (Morena) candidato a la alcaldía del municipio San José Independencia, Oaxaca.
Con estos crímenes suman ya 25 las personas que han sido asesinadas en México en el actual periodo electoral.
Reportes hemerográficos señalan que las víctimas pertenecían a los siguientes partidos:
10 a Morena
5 al PAN
4 al PRI
3 a Movimiento Ciudadano
1 al PRD
1 al PT
1 al PVEM
Las entidades en las que se han reportado más homicidios son Guerrero, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Chiapas, Veracruz y Jalisco.
Sobre las víctimas
El candidato del PAN, Edgar Noé Ramos Ferretiz, fue asesinado en la colonia Azucarera, mientras realizaba actos proselitistas, la tarde del viernes, en ciudad Mante. Ramos buscaba la reelección por la coalición Fuerza y Corazón por México.
La otra víctima, Alberto Antonio García y su esposa Agar Cancino Gómez, alcaldesa de San José Independencia, desaparecieron el 17 de abril, dos días después fueron localizados en una isla llamada Cerro Arena.
La alcaldesa fue localizada con vida, pero su marido, candidato por Morena, no.
Votar entre balas
Información de la plataforma Votar Entre Balas, sostiene a través de su estudio ‘Democracia vulnerada: el crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México’, que el crimen organizado ha diversificado e intensificado sus estrategias para incidir en la política nacional.
Señala que de 2006 a la fecha se advierte un número creciente a las autoridades electas, funcionarios, candidatos y militantes de partidos políticos.
De 2006 a 2012 se contabilizaron 311 ataques de este tipo con tales grupos de víctimas, mientras para el periodo 2018-2023 se identificaron cerca de 8 mil 361.
El estudio agrega que en el transcurso de diez años, casi se triplicó la violencia político criminal contra candidatos y funcionarios, fenómeno que se ha extendido casi por todo México en los últimos seis años y que ha alcanzado sus puntos álgidos durante los periodos electorales.
“Se trata de violencia letal que afecta principalmente a las autoridades del ámbito municipal y aun con mayor fuerza a las policías locales. Observamos, además, que todos los grandes partidos del sistema político mexicano actual han tenido víctimas de los ataques del crimen organizado”, sentencia.
Sostiene que la violencia político-criminal en México tiene afectaciones reales sobre la participación política de las personas, vulnerando así un derecho fundamental de la democracia.
El detrimento de la participación ciudadana en las elecciones, afianza el vínculo entre crimen y autoridades, dice.
Asegura que el aumento sustantivo en el número de ataques al conjunto de sus autoridades electas y personas funcionarias municipales sugiere que los criminales “buscan afianzar o recrear redes informales de protección para ejercer el control sobre la política local”.
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