La Fiscalía General del Estado (FGE) atiende todas las recomendaciones en materia de derechos humanos, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel nacional, afirmó César Gustavo Jáuregui Moreno.
Esa fue la respuesta del titular de la FGE al ser cuestionado respecto a la recomendación emitida por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 31 de enero del presente año por omisiones en un caso de tortura.
Jáuregui Moreno recalcó que siempre se atiende este tipo de temas, por lo que para ahondar en dicha información recomendó acercarse a la fiscal encargada del área de derechos humanos.
Esta recomendación es presentada por omisiones en la investigación de un caso de tortura, en el cual la víctima interpuso un recurso de impugnación ante el organismo defensor de los derechos a nivel nacional.
Dentro de la recomendación se le solicitó a la fiscalía de Chihuahua investigar dicho ilícito, así como fue requerida la información de la carpeta de investigación en la que se tenía pendiente el resultado de la prueba pericial consistente en la aplicación del protocolo de Estambul.
Según la comisión de derechos humanos a nivel nacional a pesar de que desde julio de 2019 se solicitó al Coordinador de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General la asignación de peritos médicos y psicológicos para la aplicación del Protocolo de Estambul, al 14 de enero de 2022 no existía diligencia alguna para tal fin.
Por otra parte, la Fiscalía registra dentro de la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos un total de 22 recomendaciones en el 2021 y el mismo número en el 2022. De esta cifra, once de ellas presentan el estatus de no aceptadas, 10 fueron aceptadas y una se encuentra en tiempo.
Dos de las recomendaciones, pese a que no fueron aceptadas, se verifica en la página que fue impugnada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En una de ellas la denuncia fue por violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, así como violaciones al derecho al trato digno, mientras que el otro caso se registró por violaciones al derecho a la protección a la salud.
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