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Antonio Flores Schroeder

Durante 2022 se registraron 24 mil 224 personas procesadas o imputadas a quienes se les determinó una resolución sobre la vinculación a proceso por parte de los jueces de Control.
Del total, 40.4% fueron vinculadas a proceso y 5.3% no, en el restante 54.3% no se identificó la existencia o no de vinculación, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Detalla que en comparación con 2021, hubo un aumento de 7.3% procesadas o imputadas vinculadas a proceso, en 2022. Además, hubo 980 mil 283 sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales.

De éstas, 2 mil 520 corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 5 mil 257 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 972 mil 506, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En comparación con 2021, el total de sentencias publicadas por la SCJN y el TEPJF, en 2022 disminuyeron 19.0 y 58.1%, respectivamente. Las que publicó el CJF aumentaron 23.8%.
En 2022 ingresaron a la SCJN 14 mil 283 asuntos jurisdiccionales y egresaron 13 mil 762. De los 2 mil 843 asuntos resueltos, 8.5% se resolvió sin sentencia y 91.5% con sentencia.

Comparado con 2021, la cantidad total de asuntos ingresados y egresados subió 9.9 y 29.8 %, en ese orden.

De los asuntos jurisdiccionales resueltos por el pleno de la SCJN, destaca que los amparos en revisión en materia administrativa tuvieron una duración promedio de resolución de mil 903 días naturales.

Los datos sobre el ejercicio de la función de los órganos jurisdiccionales del TEPJF muestran que, durante 2022, ingresaron 14 mil 166 asuntos y se resolvieron 14 mil 66.

De éstos, 69.4% fue no resuelto de fondo y 30.6% resuelto de fondo. En comparación con 2021, los asuntos ingresados disminuyeron 22.6% y los asuntos resueltos, 22.1%.
En 2022, del total de asuntos conocidos por los órganos jurisdiccionales del TEPJF destacaron los procedimientos de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Estos representaron 67.7% de los ingresos y 68% de las resoluciones. Comparado con 2021, para este procedimiento en 2022, los porcentajes reflejan un aumento de 12% en asuntos ingresados y de 12.6%, en los resueltos.

De los asuntos jurisdiccionales resueltos por la Sala Superior del TEPJF, destaca que los conflictos o diferencias laborales entre el TEPJF y sus servidores públicos tuvieron una duración promedio de resolución de 580 días naturales.

Las quejas por responsabilidades administrativas de los servidores públicos, 159 días y las apelaciones por imposición de sanciones administrativas, 132 días.

Respecto al Consejo de la Judicatura Federal, en 2022, los datos sobre el ejercicio de la función de los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC), Tribunales Unitarios de Circuito (TUC), Tribunales Colegiados de Apelación (TCA), Juzgados de Distrito (JD) y Centros de Justicia Penal Federal (CJPF), muestran que un millón 256 mil 77 asuntos en todas las materias ingresaron a estos órganos.

En tanto, un millón 214 mil 806 fueron resueltos. Comparado con 2021, hubo un aumento de 17.7 y 23.6% de los asuntos ingresados y resueltos, respectivamente.

En 2022, el Tribunal Superior Agrario (TSA) recibió 990 asuntos y resolvió 968. En los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA) se recibieron 53 mil 761 asuntos, se admitieron 51 mil 822, se concluyeron 52 mil 451 y 39 mil 959 estaban en trámite al cierre.

Integrantes del TSA realizaron 114 visitas de inspección a los TUA y emitieron 733 recomendaciones como medidas para mejorar las prácticas judiciales.

El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal es un programa estadístico federal y ofrece información de la estructura organizacional, recursos y ejercicio de la función de los órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación y los TUA.

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes (Morena), informó que Ardelio Vargas Fosado, vinculado con Genaro García Luna, renunció como subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación de esa entidad.

Esto a partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador alertó al mandatario estatal sobre “los antecedentes” del ahora exfuncionario.

Por medio de sus redes sociales, el gobernador reconoció a Vargas como un poblano comprometido, “un hombre institucional que, si bien nunca ha sido sentenciado por infracción o delito alguno, hoy ante la información vertida en distintos medios y que es de dominio público, hace patente su convicción de abonar en la vida pública de Puebla separándose del cargo”.

En su mañanera, el presidente López Obrador dijo que la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana le advirtió sobre los antecedentes de Ardelio Vargas, quien fue comisionado de la extinta Policía Federal Preventiva en el periodo de García Luna.

“Ya tenía información sobre esto, dio a conocer este caso la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y de manera muy respetuosa, y además porque le tenemos mucha confianza, se le dio un informe completo al gobernador de Puebla”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó que las percepciones que reciben los ministros no pueden ser diferenciadas, ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros Poderes.

Destacó que no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la SCJN ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución establece.

“En estas condiciones la SCJN acordó, como medida de racionalidad del gasto público, que las remuneraciones de los 11 ministros serán disminuidas en 25% respecto de las percibidas en el ejercicio físico 2018.

“Asimismo la presidencia de la SCJN y de Consejo de la Judicatura Federal revisarán y en su caso, publicarán los montos de las remuneraciones de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación – conforme a lo aprobado en el PEF 2019- a efecto de asegurar, como mandata el artículo 94 constitucional”, detalla la respuesta que emitió el pleno de la Corte a la solicitud que la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, realizó mediante oficio el pasado 27 de junio.

El documento refiere que el 8 de enero de 2019 fue publicado en diversos medios de comunicación, que la Corte informó a la sociedad las acciones tomadas en relación con el cumplimento del artículo 127 constitucional, entre los puntos destaca que el artículo 94 constitucional establece que la remuneración que perciban los ministros de la SCJN, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados electorales no podrá ser disminuida durante su encargo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que le entregó al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes un informe sobre los antecedentes de Ardelio Vergas Fosaso, funcionario poblano que está vinculado a Genaro García Luna.

“Ya tenía información sobre esto, me lo dio a conocer este caso la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez y de manera muy respetuosa y porque le tenemos mucha confianza, se le dio un informe completo al Gobernador de Puebla”.

El Mandatario señaló que Sergio Salomón Céspedes es un hombre de bien, es una persona honesta, y respetuosa; y en el ámbito de su competencia, le presentaron un informe sobre Ardelio Vargas que tiene como antecedentes el tener vínculos con Garcia Luna, exsecretario de Seguridad, pesos en Estados Unidos.

“No sabemos si es culpable o no, pero si trabajó en la Policía Federal; si tuvo vínculos con García Luna y nosotros no queremos nada con esta gente, porque en ese sentido padecimos de un narco Estado que le hizo mucho daño al país”.

“Nada más para que se puedan imaginar lo que significa gobernar este país, hay que estar pendiente de todo”.

Se menciona que Ardelio Vargas, ex titular de la Policía Federal, podría ocupar la Secretaría de Gobernación de Puebla.

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