La diputada del PAN, Georgina Bujanda Ríos, presentó una iniciativa para que el Estado dote de medidas especiales a personas en situación de vulnerabilidad que participen en el proceso de la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.
“La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, promulgada en noviembre de 2017, busca establecer competencias y coordinación entre autoridades para buscar y esclarecer casos de desapariciones, así como involucrar a los familiares en el diseño y seguimiento de acciones de búsqueda”, expuso la legisladora.
Basada en lo anterior, Bujanda Ríos señaló que el acceso a la verdad, justicia y reparación integral, así como la participación en procesos judiciales deben ser para todas y todos, garantizando intérpretes en caso de pertenecer algún pueblo originario o bien, con accesibilidad en caso de contar con una discapacidad visual, auditiva o intelectual.
“La propuesta es para garantizar la comunicación efectiva, las autoridades contarán con herramientas como el uso de un intérprete de lenguaje de señas, documentos de fácil lectura, documentos en Braille, comunicación táctil, macro tipos, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas auditivos, medios de voz digitalizada y otros formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluyendo tecnologías de la información y comunicación de fácil acceso”, desglosó.
Por lo que dijo, la propuesta en concreto es adicionar el artículo 7 BIS, para que cuando la persona que solicite o participe en el procedimiento de la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición pertenezca a una comunidad o pueblo indígena, sea afromexicana, o sea extranjera sin dominio del español, se le facilite de oficio un traductor o intérprete para cualquier actuación en la que deba participar.
Y en el caso de personas que soliciten o participen en el procedimiento y que sean personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes o personas adultas mayores, todas las autoridades que participen en el proceso tendrán la obligación de adoptar de oficio medidas especiales, acciones afirmativas o ajustes razonables que aseguren su acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación.
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