En 2023, cada 24 horas fueron asesinadas 72 personas en México. De enero a diciembre se documentaron 26 mil 301 víctimas de homicidio doloso, lo que representa que en promedio cada mes del año que recién concluyó fueron privadas de la vida 2 mil 192 personas.
Al comparar esta información con las cifras del mismo delito durante 2022 —que registró 26 mil 920 asesinatos— se obtiene una disminución de 2.3% en 2023.
Diariamente en 2022 ultimaron a 74 personas y mensualmente a 2 mil 243 en promedio, detallan las cifras preliminares del Informe de Seguridad elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En entrevistas con EL UNIVERSAL, especialistas en seguridad consideran que no se ha logrado bajar la violencia en el país de manera contundente y prevén que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador mantendrá altos niveles en este delito.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), refiere que este sexenio va a terminar con al menos 15% más homicidios que el anterior, en la gestión de Enrique Peña Nieto, y con 40% más que los registrados durante el gobierno de Felipe Calderón.
Incluso, señala que aunque hubiera un descenso muy marcado en los homicidios este año, no hay manera de que se frene este delito
“Es el sexenio más violento en la historia del país. Hay un absoluto fracaso en el cumplimiento de los compromisos que hizo el Presidente, tanto en campaña, como en el Plan Nacional de Desarrollo y el de Estrategia Nacional de Seguridad, que aseguraba que terminaría con 50% menos homicidios respecto al sexenio anterior”, refiere.
Eso significa, indica Rivas, que la tasa de homicidios dolosos de esta administración debía terminar en 50 por cada 100 mil habitantes, pero hasta la fecha hay más de 110 asesinatos por cada 100 mil habitantes, que prácticamente es 10% más respecto al total de los registros del sexenio de Peña Nieto.
“Podemos decir que hubo un fracaso en el cumplimiento de los objetivos de este gobierno”, señala.
Expone que una parte de los homicidios dolosos y de la supuesta reducción de los casos, en realidad está ligada a las personas que han sido reportadas como desaparecidas y lamentablemente fueron privadas de la vida.
Abunda que al no existir un ejercicio profundo de búsqueda y de resolución de la situación de estas personas, quedan en una cifra negra, debido a que no se está contemplando el homicidio y se está registrando la desaparición de la persona.
Por su parte, Víctor Hernández, especialista en seguridad en la Universidad Panamericana, destaca que presumir reducciones de 2.3% sería un logro en temas de inflación, pero en el caso de los homicidios es marginal y remarca que no puede ser que se gasten millones de pesos en materia de seguridad para tener esos resultados.
“Hay una falta de autocrítica en el periodo de campaña… No observamos algún partido que esté diciendo que va a poner un alto a la militarización. En este momento la tendencia va a estabilizarse, por ejemplo, en 30 mil homicidios, además de los subrregistros”, detalla.
El también coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, sostiene que el uso del Ejército en labores de seguridad no tiene un fin de eficiencia, sino político.
“El Presidente pone al Ejército en varias cosas, por ejemplo, en la Guardia Nacional (GN), en proyectos de obra pública, no por ser eficientes, porque atrae popularidad.
“Es como hacer equipo con el chico popular de la escuela, entonces con eso gana cierto prestigio con la gente, pero el chico popular no siempre es el más eficiente para hacer el trabajo”, precisa.
El consultor y analista político David Saucedo afirma que de acuerdo con estas cifras preliminares no hubo éxito en el combate a la inseguridad, más bien se observa una contención de los homicidios.
“En el caso que demos por buenas las cifras que presenta la SSPC, estamos hablando de una estabilización en un pico muy alto de homicidios, no hay una reducción como tal”, enfatiza.
Saucedo indica que a pesar de lo que se ha hecho en este sexenio, como las extradiciones de narcotraficantes hacia Estados Unidos y acatar las medidas de ese país para incrementar los decomisos de fentanilo o el cierre de puertos del Pacífico sur a ciertas empresas no ha habido ningún impacto en la disminución de la violencia.
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