El Congreso de Chihuahua exhortó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a la Fiscalía General del Estado a impartir cursos de capacitación en materia de infancia y adolescencia, dirigidos a operadores de justicia tanto del ámbito municipal como estatal.
Lo anterior, debido el incremento de denuncias públicas por posibles casos de violencia sexual en contra de niños y adolescentes en el estado
La Diputación Permanente aprobó el exhorto en la sesión de este 1 de agosto, por iniciativa presentada por la diputada María Antonieta Pérez Reyes (Morena), quien subrayó la urgencia de que jueces, juezas y personal de procuración de justicia resuelvan estos casos con enfoque especializado en derechos de la niñez.
“El Estado tiene el reto impostergable de garantizar que las personas juzgadoras analicen la evidencia criminal de manera eficiente y resuelvan con perspectiva de infancia los casos que afectan la integridad y el sano desarrollo de los menores”, advirtió Pérez Reyes al presentar su propuesta.
Anteriormente, la misma diputada—quien representa al Distrito X con cabecera en Juárez—había señalado dos casos de presuntos violentadores de niños víctimas que fueron liberados por sus respectivos juzgadores por no procesarlos con perspectiva de niñez.
Justicia adaptada a niños y adolescentes
La diputada recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los Estados deben aplicar un sistema de justicia accesible y apropiado para la infancia, lo que implica considerar el interés superior del menor (ISN) y el derecho a la participación, con base en su edad, madurez y nivel de comprensión.
Señaló además que la falta de capacitación adecuada entre jueces ha generado una “cadena de impunidad” que obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas y permite la repetición de los delitos.
“La falta de perspectiva de infancia entre juzgadores impide que las víctimas accedan a una justicia real, afectando su proceso de recuperación y enviando un mensaje de impunidad”, señaló.
Modelo Antenas, sin impacto si no hay sensibilidad judicial
Pérez Reyes hizo referencia al modelo Antenas, actualmente utilizado por la Fiscalía estatal, el cual permite a personal capacitado del Ministerio Público y psicólogos especializados tomar declaraciones y realizar evaluaciones en tiempo real mediante herramientas proyectivas.
Al respecto, advirtió que la efectividad de este esquema se ve limitada si no existe una correcta valoración judicial de las pruebas.
Por ello, el punto de acuerdo aprobado establece que tanto la Fiscalía como el TSJ deben diseñar e implementar cursos conjuntos que aseguren un trato diferenciado y especializado para niñas, niños y adolescentes a lo largo de todo el proceso penal: desde la denuncia, pasando por las audiencias y hasta la ejecución de la sentencia.
“Se requiere una adecuación tanto en los aspectos materiales como procesales e interpretativos para que los menores de edad participen en igualdad de condiciones”, concluyó la diputada.
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