En una jornada crucial en el proceso legal que enfrenta el expresidente Donald Trump, él y el fiscal especial Jack Smith se preparan para debatir en la corte el argumento más citado por Trump en el caso de documentos clasificados en su contra, informaron medios estadounidenses.
La cuestión principal en discusión es si, como presidente, Trump tenía la autoridad para retener cualquier documento que eligiera.
El equipo legal de Trump ha sostenido en varios documentos judiciales que los cargos en su contra deberían ser desestimados. Su defensa se basa en la afirmación de que Trump poseía una autoridad ilimitada como presidente para determinar qué documentos de su tiempo en la Casa Blanca podía conservar como registros personales.
De acuerdo con CNN, la jueza Aileen Cannon, encargada del caso, ha asignado un día completo para escuchar argumentos sobre si los cargos deberían ser desestimados en función de las afirmaciones de Trump sobre sus poderes de clasificación presidencial.
Este evento judicial adquiere relevancia en un momento crucial del caso. En los próximos días y semanas, Cannon podría tomar decisiones importantes, como fijar una nueva fecha de juicio y determinar si este se llevará a cabo antes de las elecciones de noviembre. También se evaluará si Trump tendrá una audiencia probatoria sobre descubrimientos adicionales solicitados en el caso del Gobierno del presidente Joe Biden y el FBI, entre otros.
Trump enfrenta múltiples cargos relacionados con el presunto manejo indebido de documentos clasificados y por obstruir la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. Sin embargo, ha declarado su inocencia.
La cuestión de la autoridad presidencial sobre documentos clasificados es solo una de las muchas que el equipo legal de Trump ha planteado en sus intentos por desechar el caso en su contra.
Los abogados defensores argumentan que, como presidente, Trump era la principal autoridad en la clasificación de documentos y tenía la facultad de marcar cualquier documento como “personal”, lo que le permitía llevar esos documentos consigo legalmente al dejar el cargo. Sus argumentos se apoyan en la Ley de Registros Presidenciales, que rige cómo se manejan los documentos de un presidente saliente y que establece que la Administración Nacional de Archivos y Registros obtiene la custodia y el control de todos los registros presidenciales al finalizar el mandato.
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