La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró “parcialmente inconstitucional” la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua que se promulgó en febrero del 2021, durante el gobierno de Javier Corral.
El Periódico Oficial del Estado publicó este sábado 21 de junio el decreto mediante el cual se hizo la declaratoria de parcial inconstitucionalidad, así como de los artículos que podrán permanecer vigentes, pese a que fueron impugnados.
Fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ichitaip), el ente que promovió acción de inconstitucionalidad, en la que solicitó la invalidez de15 de los artículos 126 artículos que integran el mencionado ordenamiento legal.
En su resolutivo, la Corte establece en primer término que es “parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada”.
En su numeral Sexto, declara la invalidez, de los artículos 121 y 123 de la Ley de Archivos del Estado de Chihuahua, relativos a sanciones por hacer uso indebido de documentos de interés público.
Asimismo, la Corte mandata al Congreso del Estado para que subsane “los vicios de inconstitucionalidad advertidos” a más tardar en el próximo período ordinario de sesiones.
En tanto se subsanan los vicios advertidos, en el orden jurídico de dicho Estado será aplicable directamente lo establecido en la Ley General de Archivos.
Se aprobó hace cuatro años, y ya la van a enmendar
El Congreso del Estado aprobó la mencionada Ley en sesión celebrada el 11 de enero del 2021.
En aquella ocasión, el diputado René Frías Bencomo (Panal), iniciador de la ley, señaló en la exposición del Dictamen de Decreto, que esta Ley se crea con finalidad de contar con un sistema de archivos en pleno funcionamiento, en el que la actuación de los órganos del Estado esté siempre ceñida a las directrices de la regulación archivística.
De esa forma, agregó el legislador, se busca respetar el derecho a la verdad y a la memoria, así como a los derechos humanos en general.
Cuatro años y medio después, por mandato de la SCJN, deberá ser mejorada.
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