Cuatro abogados encabezados por Héctor Villasana Ramírez asumirán la defensa del exgobernador César D.J., quien actualmente se encuentra recluido en el Cereso No. 1, acusado de cometer los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos en la modalidad de agravados.
Junto con Villasana, estarán en la defensa del exmandatario los litigantes Enrique Eduardo Muñoz, Irving Anchondo Valdez y Luis Carlos Mendoza.
“La estrategia es abonar a lo que está en proceso, que son los juicios de amparo en contra de la revisión de la medida cautelar y atender a la audiencia intermedia que esta próxima a realizarse”, dijo Villasana.
En entrevista, explicó que se trabajará en el punto de sobreseimiento, que es una decisión judicial de poner fin al proceso penal.
Para ese efecto, se están analizando todas las posibilidades, ya que consideran que se cuenta con la suficiente información que pudiera desvirtuar la acusación.
Dicha información pudiera comprobar que los apoyos por los que está siendo señalado el exmandatario fueron entregados a los beneficiarios, agregó.
A eso se suma, dijo, que por lo que se le acusa a César D., es un procedimiento administrativo y no penal, por lo que preparan los argumentos para plantearlo en la siguiente audiencia que se celebrará el mes de abril.
Otro punto en el que insistirán tiene que ver con la prisión preventiva, ya que buscan que el exfuncionario estatal pueda llevar a cabo el proceso en prisión domiciliaria.
El abogado señaló que buscarán apegarse a pronunciamientos sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que este delito no amerita prisión preventiva.
Explicó que este derecho se da por varias razones entre las que se encuentra el hecho que lleva privado de la libertad más de dos años.
“El delito no amerita prisión preventiva y el delicado estado de salud en el que se encuentra, pone en riesgo la vida del exmandatario”, afirmó.
Dentro del centro de reclusión no recibe la atención médica que requiere dado su estado médico, a eso se suman las condiciones de los penales que hacen inminente un riesgo a la integridad del imputado, por la envergadura que tuvo cuando administraba el gobierno estatal, señaló.
César D.J., fue extraditado el 2 de junio del 2022 de una cárcel de Miami, Estados Unidos, por los delitos de asociación delictuosa y peculado, ambos en modalidad agravada, por lo que se le acusó al también exdiputado de desviar 96 millones de pesos.
D.J., gobernó el estado del 4 de octubre del 2010 al 3 de octubre del 2016. Lo sucedió en el cargo el panista Javier Corral Jurado, quien desde su campaña anunció como su principal oferta de gobierno enviarlo a prisión por el presunto desfalco que le hizo a las arcas estatales.
Desde el 8 de junio del 2022, por fallo del juez de control Humberto Chávez Allende, el político originario de Balleza, Chihuahua fue vinculación a proceso por los delitos de asociación delictuosa y peculado agravado, por lo que ha permanecido recluido en el penal de Aquiles Serdán.
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