Por vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF), para “satisfacer intereses personales y de terceros”, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, abrió una investigación contra el equipo del exministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea.
Lo anterior se desprendió de una una denuncia anónima que llegó a la Unidad General de Investigación y Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial de la Federación.
En esa denuncia anónima se acusa al ministro Saldívar de presionar a los titulares de los órganos jurisdiccionales, para resolver en favor de sus intereses, usando a Carlos Antonio Alpízar Salazar.
Para conseguirlo, dice la denuncia, el ministro prometía beneficios políticos y económicos, así como adscripciones favorables, según detalles que contiene la investigación J/108/2024.
También señala extorsiones y amenazas para conseguir cambios de adscripción, inicios de procedimienetos de responsabilidad administrativa y hasta suspensiones.
“En consecuencia, ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación (…) incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación”, señala la denuncia.
Destaca también que el Consejo de la Judicatura Federal carece de competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos que le son imputados a Saldívar.
En respuesta, el exministro Arturo Zaldívar declaró ante un medio de comunicación que dicha investigación “tiene una intencionalidad política (…) una especie de revancha contra la 4T, una cuestión de tratar de desprestigiar. En ese caso, curiosamente, se admite una queja contra un gran número de funcionarios y funcionarias públicas, contra personas juzgadoras con el único delito de que sus criterios, en algunos casos, fueron favorables a las causas que estaba defendiendo el gobierno del presidente López Obrador”.
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