Este lunes, por segunda ocasión consecutiva, la audiencia intermedia del caso penal que se le sigue al exgobernador César Horacio Duarte Jáquez se cambió de día. Estaba programada para las 9:00 del 24 de abril, pero una complicación cardiaca del imputado lo mandó al hospital durante la madrugada del domingo 23.
Al momento de iniciar la audiencia, Duarte continuaba internado en la habitación 404 del hospital Star Médica—bastante caro, por cierto—, bajo la supervisión del cardiólogo Mario Alberto Valles Terrazas.
La defensa pidió que se autorizara la comparecencia de su representado por medio de un dispositivo de comunicación remota, pero ni el Ministerio Público ni la juez de la causa estuvieron de acuerdo.
Lo que llamó la atención es que, además de la enésima ocasión en que buscan sacar a su defendido del penal de San Guillermo por motivos de salud, es que hayan pedido el sobreseimiento del caso.
Poca cosa: quieren que el juicio termine por desvanecimiento de pruebas, lo que le daría la libertad inmediata al que fuera gobernador de Chihuahua entre el 2010 y el 2016.
¿La tirada? Probar que los 96 millones 685 mil 253 pesos del erario que fueron a dar a la Unión Ganadera División del Norte y la SOFOM Financiera División del Norte nunca tocaron los bolsillos de Duarte.
De ser así, no habría causa qué perseguir y, por tanto, el señor puede esperar a que lo den de alta en el Star Médica para irse a su casa.
Nada se pierde con pedir. Falta que la jueza Delia Valentina Meléndez encuentre suficientes elementos para determinar que las dos organizaciones que recibieron aquellas andanadas de dinero no tenían hilo alguno con el exgobernador. ¡Vaya encargo que le echaron a la jueza!
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El periodismo de Chihuahua amaneció de luto este martes 24 de abril, por la muerte violenta del joven reportero Eduardo Balderrama, de 24 años de edad, quien perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil que viajaba a exceso de velocidad por uno de los cruceros más saturados y, suponemos, vigilados de la ciudad, como es el de Bolívar e Independencia.
La muerte en percance de un muchacho que en fechas recientes había concluido sus estudios universitarios y que comenzaba a destacarse en el periodismo local, es una noticia dolorosa y difícil de digerir.
Además del dolor que embarga a sus familiares y que enluta al medio periodístico, el hecho abre una serie de cuestionamientos a la autoridad por su fallida política de prevención y vigilancia vial, y por la cuestionable eficacia de su llevada y traída “Plataforma Escudo” con la que, se supone, vigilan cada rincón de la ciudad.
Chihuahua desde hace años ocupa alguno de los primeros tres lugares en cifras totales de accidentes viales, superado eventualmente por Nuevo León, entidad que tiene mucho más habitantes y autos transitando por sus calles.
Cifras oficiales indican que durante el 2022 se registraron 356 fallecimientos a causa de accidentes viales.
La cifra implica un incremento del 23% respecto a la del 2021, que fue de 289 casos en total.
En los primeros tres meses del 2023 ya iban 272 muertes en accidentes de tránsito, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, va que vuela para romper todos los récords.
No obstante, esas cifras, y el antecedente de accidentes terribles, como el ocurrido en la zona urbana de Villa Ahumada en septiembre del año pasado, la normatividad vial no ha sufrido ninguna reforma.
Lo único que ha cambiado desde entonces es el nombre de la dependencia encargada, que era Dirección de Vialidad, y que a partir de este año tiene el deslumbrante nombre de “Subsecretaría de Vialidad”.
La muerte lamentable del joven Balderrama no debe quedar impune, como tampoco deben quedar como estaban las insulsas políticas viales de los gobiernos de Chihuahua.
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El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dio una mala noticia en el inicio de esta semana, con el dato de que cerramos el primer trimestre del año con 518 homicidios, entre culposos y dolosos.
La cifra supera en más de un 22 por ciento a la del mismo trimestre, pero del 2022, cuando el registro fue de 424.
Ese “pico” duele y en serio, pues llega en una época en la que ya están en operación algunas de las etapas de la Operación Centinela, con la cual se esperaba tecnificar la persecución y, sobre todo, la prevención del delito.
Peor aún: el repunte llega en un trimestre donde, suponíamos, había una estrecha colaboración entre el Estado y la Federación para atacar, en particular, las actividades del crimen organizado.
El trimestre enero-marzo fue particularmente agitado y, por lo visto, cerró como empezó. Recordemos que el 1 de enero amanecimos todos con la noticia de una fuga masiva de internos del Cereso 3 de Ciudad Juárez, que dejó 17 muertos.
Luego, el 27 de marzo, el caso que aun lastima nada más de mencionarlo, como fue la muerte de 40 migrantes extranjeros en un incendio ocurrido en la estación migratoria del INM.
Y eso que todavía no llegan los meses intermedios: junio, julio y agosto, que han sido, históricamente, los más violentos de cada año.
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Este martes, el Congreso del Estado aprobaría la integración de la Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento a la Debida Diligencia de Investigación del Caso de la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez.
Así se llama, y esta columna lanza un reto a ver quién puede leer todo el nombre sin tomar una nueva bocanada de aire.
La misma estará integrada por casi puros diputados juarenses y quedará encabezada por la priista Ana Georgina Zapata Lucero.
La verdad, a los Morenos les echaron montón, como en casi todo lo que se han hecho en la actual legislatura, pues además de la presidencia, el PRIAN tendrá cinco de las doce posiciones, más el del MC, que es más anti 4T que cualquier otro en la actual Legislatura, y la diputada del PT, partido que, como lo hemos observado, vota siempre con el oficialismo prianista.
En cambio, Morena tendrá solo cinco votos posibles y, con ello, poca manera de incidir en los trabajos de una comisión que hasta acá da el tufo de electorera en esta semana.