Hace año y medio, días más, días menos, la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, rescató a 340 migrantes que se encontraban hacinados en un domicilio de la colonia Vistas Cerro Grande.

Entre ese grupo, había mujeres y 21 menores de edad, según se dio a conocer en aquellas fechas.

A raíz de esos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos expidió una recomendación a la Fiscalía General de la República con un expediente bien grueso en el que le pide, así en resumidas cuentas, que se haga cargo del problema, enmiende su propia plana y atienda principalmente a los menores.

El problema es que ya no se sabe dónde están esos 21 menores a los que se refiere la CNDH, porque la FGE ni el Instituto Nacional de Migración hicieron lo que les correspondía.

Es decir, que un asunto que a todas luces es de competencia federal, lo atendió una corporación estatal, con cargo al erario golpeado de Chihuahua, y sin la participación ni el apoyo del INM, la FGR u órgano federal que se les venga en mente.

Fue la AEI la que se encargó de rescatar a los 340 migrantes, de llevarlos a albergues y darles de comer y beber. ¿Y el Gobierno federal? Sin mover un dedo, bien cachetón.

Como decíamos líneas antes, la CNDH le dio una pamba de coscorrones a la Fiscalía General de la República que encabeza el siempre “veloz” Alejandro Gertz Manero.

Nada más para darse una idea: que se procese por negligencia a quienes no actuaron oportunamente para evitar ese trato bestial dado a los migrantes y, en particular a los 21 menores de edad; que a éstos se les trate como víctimas y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.

Todavía más: en el término de seis meses contados desde la aceptación de la presente Recomendación, un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos en materia de trato a menores.

Nada de eso se ha cumplido y la recomendación les llegó desde el 28 de febrero pasado, aunque los hechos datan del 17 de septiembre de 2021, es decir, hace poco más de año y medio.

Como quien dice, el Gobierno Federal y en particular Gertz Manero se siguen haciendo “patos” ¿o “gansos” ?, (igual y son avestruces) y no han atendido el problema, ni ese ni ningún otro que tenga que ver con la migración.

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Los cinco asesinatos ocurridos en la ciudad de Chihuahua el jueves 17 pusieron a temblar a las fuerzas del orden por todos los frentes que se le abrieron, y en menos de doce horas.

Como se dio a conocer en este oportuno y eficaz medio, tres de las primeras víctimas murieron en los alrededores de un domicilio que funcionaba como “picadero”, mientras que a la otra mujer asesinada se le encontró envuelta en una cobija, al más puro estilo del crimen organizado.

El dato no tardó en caer en el registro de las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y, cuanto antes, estuvieron los pronunciamientos a la orden del día quemando las redes sociales.

Lo que más apura es que se haya recrudecido la guerra entre bandas delictivas por el control del tráfico de drogas sintéticas.

Como quiera que sea, el dato ya quedó ahí y los hechos de sangre siguen a la orden del día. Y no hubo coordinación policial que lo detuviera.

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El viernes pasado, un camión de transporte de personal chochó contra una locomotora de ferrocarril en el cruce de las vías con la carretera Anáhuac-Cuauhtémoc.

Al momento de escribir estas líneas, el saldo ya era de una persona muerta, el chofer del camión, y 10 lesionadas, varios de ellos de gravedad.

Según los informes que se derivaron de ese aparatoso accidente, el chofer perdió el control del camión perteneciente a la empresa Electro Componentes de Chihuahua, Operadora Ceprit de la CTM de Chihuahua, debido a que la carretera estaba resbalosa a causa de la lluvia, y fue a dar contra el tren.

El hecho que enluta a la familia de un joven trabajador, tiene con el Jesús en la boca a las de las demás personas lesionadas, mientras que el dueño del camión enfrentará, seguramente, tamaña deuda por chocar contra una unidad del sistema ferroviario.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha dado la cara, salvo los equipos de rescate que, hasta eso, acudieron a tiempo al lugar de los hechos e hicieron todo lo que estuvo a su alcance para auxiliar a los lesionados.

Pero nadie de la Subsecretaría de Movilidad ha salido a poner la frente para explicar qué hacia un camión propio para el transporte en mancha urbana en plena carretera.

Si esa unidad era propiedad de una empresa, entonces tenía ya tiempo circulando por la carretera y, hasta el momento del penoso accidente, nadie lo había detectado.

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El pasado 14 de marzo de 2023, el Congreso del Estado envió un oficio al secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López, relativo al Acuerdo No. LXVII/PPACU/0536/2023 II P.O., para pedirle que le diga al presidente de la República que deje de poner en peligro la vida de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández.

Según el documento, originado por uno de esos encendidos discursos del más enojoso enemigo—ni cómo llamarle de otro modo—, de la 4T, Francisco Sánchez, diputado por MC, la ministra está “en peligro” a causa del “permanente discurso de odio que lleva a cabo contra los integrantes del Poder Judicial de la Federación”.

A discusión si realmente se trata de un discurso de odio y a revisión el tono de los que pronuncia el iniciador de esa propuesta.

Pero ya parece que vemos al “corcholato” Adán Augusto dejar de estar “agusto” en su doble papel de secretario y precandidato para ir a decirle a su jefe que ya le pare.

Esas cartas no las contesta ni Ufemia, verdad de Dios.