No terminan los problemas para la anterior administración, la que encabezó Javier Corral Jurado, y en particular, para quienes estuvieron a cargo de las finanzas estatales.

Resulta que la Auditoría Superior del Estado, la ASE, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción por el “jineteo” que hicieron del dinero que le corresponde al Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense, el Fechac famoso.

Según la querella de la autoridad fiscalizadora, el gobierno de Corral cerró el 2021 sin pagarle al Fechac la friolera de 107 millones 389 mil 518.00 pesos que le pertenecen a ese organismo por el cobro del 10% que se le hace a los causantes del Impuesto Sobre Nóminas y que debe ir específicamente a ese fin.

Aunque la autoridad estatal haya ya cubierto ese importe, el daño está hecho y podría derivar en una responsabilidad penal en contra de las personas que estuvieron a cargo de los manejos financieros del estado, es decir, contra Arturo F. V.

O sea, que se sumaría a esta causa la otra que ya derivó en una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda del gobierno corralista, presentada también por la ASE por un pago irregular a la firma que se encargó de reestructurar la deuda de largo plazo del Gobierno del estado.

El fiscal Anticorrupción del estado, Abelardo Valenzuela, dio a conocer el 9 de mayo pasado que había solicitado la orden de aprehensión contra el exfuncionario por el presunto delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

En ese caso, el daño supuesto es de 98 millones de pesos.

Por si fuera poco, también está en curso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por faltas administrativas derivadas de esa mismo jineteo de los dineros. O sea que, como dicen en el rancho, cuando no llueve, graniza en la milpa del excorralismo.

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Hace más de un año, por allá de abril del 2022, estalló la primera crisis en el gabinete del gobierno actual, cuando la entonces secretaria de Desarrollo Rural (la SDR) Lilia Merodio, presentó su renuncia al cargo en medio de acusaciones mutuas por el supuesto mal manejo de 3 millones 206 mil pesos del programa Fomento Agrícola.

A propósito de ese tira-tira político y mediático, el Congreso del Estado aprobó solicitar a la Auditoría Superior del Estado practicar una auditoría extraordinaria a la SDR para deshebrar el dilema y que esa autoridad fiscalizadora determinara quién fue el que movió mal esos dineros y de qué tamaño sería su responsabilidad.

Resulta que la ASE ya se les había adelantado, porque para cuando les llegó la petición del Congreso ya estaba bien encaminada en la revisión del ejercicio fiscal del 2021, cuando se habrían realizado esos supuestos malos manejos.

Y justamente haciendo esa “chamba” fue como se dio con otro mal manejo, este de a tiro batido y evidente, donde funcionarios de nivel medio “manosearon” los recursos del “Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural”, conocido popularmente como el “Seguro catastrófico”.

La revisión detectó que productores de los municipios de Guachochi, Madera y Temósachic nunca recibieron ese recurso, pese a que en las cuentas de la dependencia sí aparecía como entregado.

La cosa no para ahí, porque también encontraron que hubo cheques salidos de la SDR que el beneficiario los endosó para que otra persona los cambiara, o bien, los depositaron en cuentas personales de funcionarios de esa dependencia.

El caso ya está en el escritorio de la Fiscalía Anticorrupción y, según nos dicen, no tarda en derivar en una acción penal.

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Sala Regional Guadalajara del TEPJF confirmó la existencia del partido político con registro estatal “Pueblo”, el mismo al que las autoridades electorales de Chihuahua ya le habían dado su reconocimiento e incluso su presupuesto.

Sin embargo, tanto el PRI como Movimiento Ciudadano habían impugnado la determinación tanto del Consejo General del Instituto Estatal Electoral cuando le dio el rango de partido político local a “Pueblo”, como del TEE, por haber confirmado esa decisión.

Ambos acudieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TEPJF, pero la sala regional con sede en Guadalajara les dio “palo” y ratificó la existencia de “Pueblo”.

El mencionado tribunal resolvió que fue correcto lo determinado por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE) en los recursos de apelación RAP-23/2023 y su acumulado, al confirmar la resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que otorgó el registro como partido político del Estado a “Un Siglo con el Pueblo” bajo la denominación “Pueblo”.

Éste, junto con “México Republicano Chihuahua”, contenderán en las próximas elecciones locales, las cuales se celebrarán en el 2024 para elegir los 67 ayuntamientos y renovar el Congreso del Estado.

Para que no batallen, mientras tanto, el IEE decidió otorgarles presupuesto, aunque aún no haya ni campañas ni nada: un millón 938 mil 791.74 pesos para cada uno. O sea, 3 millones 877 mil 583.48 pesos, entre los dos.

A ver cómo les va cuando salgan a mar abierto a luchar por un poco de los casi dos millones de votos que, probablemente, se depositen en las urnas en las elecciones de junio del 2024.

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La chihuahuense Maru Campos quedó ubicada en el 6º lugar entre las gobernadoras y gobernadores del país en materia de seguridad pública, de acuerdo con la percepción de sus gobernados.

La encuesta aplicada por la firma especializada en análisis político CeResearch – Campaigns and Elections México encontró que la mandataria de Chihuahua tiene un 62 por ciento de aprobación hacia el trabajo de su gobierno en seguridad.

Por encima del gobierno chihuahuense solo quedaron Yucatán, Nuevo León, Querétaro, Baja California y Puebla. Es decir, tres dos gobiernos del PAN: Yucatán y Querétaro, dos de Morena: Baja California y Puebla y uno de MC, Nuevo León, por arriba del de nuestra entidad.

De la metodología, se aplicó mediante 600 llamadas telefónicas por entidad de la República durante el mes de junio, pero los resultados se difundieron hasta este mes.

La de CeResearch – Campaigns and Elections Mexico es la segunda encuesta que pone al “Maru-gobierno” con altas calificaciones en cuanto a sus acciones para mejorar la seguridad de los habitantes a los que gobierna.

Previamente, se publicó la de otra casa encuestadora: Massive Caller, que también recogió una amplia aprobación en ese sentido.

Los datos se lograron a pesar de que el estado continúa con altos índices de homicidios, tanto dolosos como culposos durante los primeros meses del año.

El detalle a destacar es que hay otros estados con igual o mayor problema de seguridad y aparecen en sitios por debajo de Chihuahua.