La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida al Gobierno del Estado de Chihuahua por violaciones a los derechos fundamentales del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez y de varios exfuncionarios de su administración, derivadas de presuntos abusos cometidos durante las investigaciones y procesos judiciales en su contra.
De acuerdo con el documento identificado con el folio CEDH:5s.1.018/2025, el organismo acreditó que autoridades estatales incurrieron en detenciones arbitrarias, tratos degradantes y violaciones al debido proceso, así como en la difusión mediática de información judicial que afectó la presunción de inocencia de los implicados.
En la queja, presentada el 9 de septiembre pasado, Duarte Jáquez denunció a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) por acoso policial.
“Al llegar a dicho domicilio ya con el brazalete electrónico, comenzó un acoso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ya que metieron al fraccionamiento cerrado en el que vivo un carrito de los denominados torre de vigilancia Centinela”, expone el documento.
Agrega que la dependencia ha hecho volar drones diariamente a las afueras de su casa, además de mantener patrullas estacionadas de forma permanente en las cercanías de su domicilio.
Entre las autoridades señaladas también figuran la Fiscalía General del Estado (FGE) y la propia SSPE, por actuaciones fuera de protocolo durante operativos de detención; así como la Oficina del Gobernador y la Coordinación de Comunicación Social, por haber permitido la exposición pública de los detenidos antes de ser vinculados a proceso.
La CEDH determinó que tales acciones vulneraron los derechos a la libertad personal, seguridad jurídica, integridad física y psicológica, honra y dignidad de los involucrados.
Pide reparación del daño y sanciones
En su resolución, la Comisión recomendó al Gobierno del Estado:
• Emitir un reconocimiento público de responsabilidad por las violaciones acreditadas.
• Garantizar la reparación integral del daño a las víctimas, con atención médica, psicológica y compensación económica.
• Iniciar procedimientos administrativos y penales contra los funcionarios responsables.
• Impartir capacitaciones en derechos humanos para agentes ministeriales y de seguridad pública.
• Revisar los protocolos de actuación y comunicación institucional para evitar el uso político del sistema de procuración de justicia.
Exige CEDH cumplimiento
La Comisión solicitó al Gobierno estatal informar sobre el cumplimiento de las medidas recomendadas en un plazo determinado y advirtió que, de persistir la omisión, podría recurrir al Congreso del Estado para exigir su cumplimiento.
Con esta resolución, el organismo autónomo reconoce oficialmente que, durante el proceso judicial seguido al exmandatario, se cometieron violaciones a derechos humanos atribuibles a autoridades estatales.
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