TERCERA PARTE
El sótano de la llamada Ciudad Judicial se encuentra en riesgo de derrumbe debido a la deficiente ejecución de la obra y al uso de materiales de mala calidad durante su construcción, advirtió la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Victoria Hernández Acosta.
A días de entregar el cargo, Hernández Acosta señaló que el edificio presenta un problema estructural en la zona subterránea “que pudo haber llegado a más”, de no ser por las acciones de reforzamiento que se han implementado en los últimos años.
“Ha sido un problema muchísimo muy complejo, porque absolutamente todo el sótano es distinto, cada trabe es diferente”, explicó la magistrada, al referirse al área que alberga dos pisos de estacionamiento, bodegas, archivos y oficinas.
En vísperas de concluir la gestión que asumió en 2021 tras la renuncia de Pablo Héctor González, la presidenta del TSJ lanzó una crítica directa contra las autoridades que en su momento recibieron la obra sin garantías, pese a los evidentes defectos de construcción.
“Esa es una estructura que así se recibió, que es del Gobierno del Estado y que así lo aceptaron. Y ya no hay garantías”, dijo.
Según relató, las fallas eran detectables “desde el día uno”, pero nunca se emprendieron acciones legales contra la empresa constructora ni medidas preventivas oportunas. “Se llegó a esto, y pudo haber sido peor”, subrayó.
Entre las irregularidades más graves destacó la deficiente colocación de las trabes, que debieron tener medidas estándar, pero no las tenían. “Algunas las colocaron y, como no daban la medida, simplemente las rellenaron, y con el tiempo colapsaron”, detalló.
El riesgo era tal que fue necesario revisar una por una las trabes del sótano. “Por cuestiones de seguridad, se tuvo que suprimir el uso de la gran mayoría de los cajones de estacionamiento, lo que representa un daño y un perjuicio tremendo para todos”, señaló.
“No es cosa menor: no solo se trata del estacionamiento; ahí también hay archivos y oficinas donde trabajan escribientes y personal administrativo”, advirtió.
Un edificio bajo vigilancia constante
Desde su oficina en el octavo piso, Hernández Acosta apunta hacia la explanada que cubre los dos niveles subterráneos donde se concentran los daños. “No podemos construir nada ahí”, insistió.
Aunque las reparaciones avanzan, los trabajos han enfrentado dificultades por la escasez de materiales especializados y la complejidad técnica. “No cualquiera lo hace”, subrayó.
Respecto al resto de la torre de nueve pisos que alberga oficinas, juzgados y el pleno del TSJ, aseguró que se encuentra bajo constante supervisión de Protección Civil y de ingenieros especializados. “El edificio es seguro”, insistió.
“Somos una cantidad inmensa de gente que provoca que el piso y el edificio se vayan asentando, pero eso no implica que se vaya a caer”, aclaró.
Una obra con fallas desde el origen
El complejo inaugurado como Centro de Justicia de Chihuahua fue estrenado el 30 de octubre de 2015 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador César Duarte. Desde el inicio, sin embargo, se evidenciaron deficiencias de diseño y construcción.
“Imagínese, que se nos inundó el cuarto piso”, recuerda Hernández Acosta.
En 2017, durante la administración de Javier Corral, la entonces secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos, denunció pagos indebidos a los constructores y graves defectos estructurales. Según la funcionaria, la obra se realizó con recursos estatales y federales sin la debida comprobación, pues las erogaciones se justificaban incluso con recibos simples.
Los sobreprecios, fallas y pagos indebidos quedaron asentados en una auditoría de la SFP, que derivó en un litigio contra los contratistas.
Sin embargo, en mayo de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de las empresas y el Gobierno del Estado debió cubrirles 513 millones de pesos.
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