El exgobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, no puede salir del país debido al proceso judicial que enfrenta por el presunto desvío de recursos públicos durante su administración.
Así lo establece un oficio de la Dirección de Oficinas de Pasaportes en Chihuahua, emitido en respuesta a una solicitud de expedición de pasaporte presentada por el propio exmandatario estatal.
“En esta Oficina de Pasaportes se encuentra en trámite una solicitud de expedición de pasaporte a nombre del ciudadano Javier Corral Jurado, quien manifestó tener un proceso judicial pendiente ante ese H. Juzgado”, señala el documento oficial fechado el 24 de octubre de 2025.
La dependencia federal precisó que, como parte del procedimiento, solicitó al Poder Judicial información sobre la situación jurídica del exgobernador, incluida la posible existencia de órdenes de aprehensión en su contra.
“Me permito solicitarle de la manera más atenta se sirva informar a esta Oficina si continúa vigente la misma medida judicial que se había informado con anterioridad respecto del citado ciudadano, o si la situación jurídica del mismo ha sido modificada”, agrega el oficio firmado por la Dirección de Oficinas de Pasaportes en Chihuahua.
El documento pide además una respuesta urgente para proceder conforme a las normas aplicables en materia de expedición de pasaportes a personas con impedimentos judiciales para salir del país.
En julio de 2024, la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua (SFP) inició un proceso contra Javier Corral por presunto desvío de recursos públicos durante su gestión como gobernador. De acuerdo con la investigación, se le atribuyen diversas irregularidades administrativas y financieras, entre ellas la contratación irregular de servicios, el uso de empresas fachada, la omisión de su responsabilidad como superior jerárquico y el presunto uso político de recursos.
La SFP sostiene que parte de los fondos desviados fueron canalizados sin licitación ni justificación técnica al empresario Pedro López Elías, y que las operaciones se realizaron mediante firmas sin capacidad operativa real, vinculadas a consultorías simuladas.
También se le atribuye conocimiento directo de las transacciones irregulares efectuadas por funcionarios de su administración, además del presunto desvío de recursos para fines personales o de promoción política.
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