El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, exhibió tres casos vinculados al robo de combustibles (huachicol) donde los jueces han favorecido la liberación de presuntos delincuentes.
Al presentar el informe Cero impunidad, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el general en retiro informó del caso de una toma clandestina en la colonia Anáhuac en la Ciudad de México, donde el juez Arturo Medel, decretó el no ejercicio de la acción penal contra el dueño del inmueble.
Esto al señalar que la autoridad no acreditó que la toma estuviera en número 100 o 100 bis del inmueble.
El segundo caso, dijo, se trata de caso de la Hacienda San Juan Hueyapan, Hidalgo, propiedad de Ernesto “N”.
Dijo que el 19 de noviembre de 2021 un binomio canino de nombre Bono encontró una toma clandestina, pero el propietario no permitió a Pemex inhabilítala, por lo que la empresa del Estado mexicano presentó una denuncia.
Pero la juez Gabriela Piña Capetillo no consideró como válida esa forma de detención de la toma clandestina.
Luego el enero de 2023 la juez Verónica Gutiérrez dictó auto de no vinculación a proceso contra Ernesto “N”, al considerar que no se acreditaron los elementos de tipo penal aun cuando el propietario aceptó tener conocimiento de las tomas clandestinas.
Esta decisión fue ratificada por el Tribunal Colegiado de Apelación del 29 Circuito.
Rodríguez Bucio dijo que el tercer caso es de un Juez de Control Edgar Alonso Ambriz quien ordenó la liberación de Fernando N, quien fue sorprendido realizando remoción de tierra sobre un ducto en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, además lleva consigo un niple.
“A parecer del juez, la pala que traía en la mano no era elemento idóneo para la instalación de una toma clandestina”, acusó Rodríguez Bucio.
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