La Suprema Corte de Justicia de la Nación con 4 votos a favor y uno en contra, decidió que los artículos 143,145 y 146 del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizan el aborto voluntario en Chihuahua, son inconstitucionales.
Así lo informaron las organizaciones Marea Verde Chihuahua, Aborto Seguro Chihuahua y Abortistas Mx, quienes dijeron que este amparo no tiene efectos generales, por lo que no obliga al Congreso del Estado de Chihuahua a reformar el Código Penal Estatal, sino que solo beneficia a la persona que interpuso el amparo ante la SCJN.
Sin embargo, añadieron significa un avance para la despenalización del aborto en la entidad, ya que “se envía el mensaje de la inconstitucionalidad del aborto en Chihuahua”.
Las activistas en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, agregaron a través de sus redes sociales que la versión final de la sentencia estará disponible hasta dentro de varias semanas, esta resolución y proyecto reconoce que el derecho a decidir sobre la vida reproductiva, es un derecho humano, vinculado al derecho a la salud.
“Por lo que las legislaciones penales deben reformarse para establecer un plazo en que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, puedan acceder al aborto”, indicaron a través de comunicado de prensa.
Actualmente, el artículo 143 establece que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. A quien lo haga con consentimiento se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y prisión de tres a ocho años sin consentimiento y violencia física o moral.
En el 145 indica castigo de seis meses a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado.
Y el 146, que excluye de responsabilidad penal cuando el resultado del embarazo sea por violación, inseminación artificial, afectación grave y conducta imprudencial durante el embarazo.
En este sentido, en agosto 2023, la misma SCJN en el estado de Aguascalientes, ordenó a los legisladores locales derogar las penas de prisión contra las personas que recurran a un aborto.
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