El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) eliminó 4 millones 856 mil créditos considerados impagables, la mayoría contratados bajo el esquema de salarios mínimos, un modelo que durante años provocó que la deuda aumentara aun cuando los trabajadores cumplían puntualmente con sus pagos.
El saneamiento implicó una reestructura masiva de financiamientos que se volvieron incosteables por la indexación al salario mínimo y no al ingreso real de los acreditados, lo que llevó a miles de familias a pagar durante años sin ver una reducción efectiva de su adeudo. Al contrario la deuda se incrementó.
Con la medida, el Instituto aplicó reducciones de saldo, ajustes en tasas de interés y mensualidades, e incluso la cancelación total de la deuda en algunos casos, con el objetivo de evitar la pérdida de vivienda y devolver viabilidad a los créditos.
No obstante, el programa no contempla la devolución de los pagos realizados en exceso por los derechohabientes durante los años en que sus créditos se encarecieron bajo el esquema de salarios mínimos. Los montos ya pagados se consideran parte del historial del financiamiento y no serán reembolsados.
En términos prácticos, esto significa que, aunque la deuda fue reducida o eliminada, quienes pagaron durante años cantidades superiores al valor original de su vivienda no recibirán compensación económica alguna.
De acuerdo con la postura oficial, el objetivo del saneamiento fue corregir créditos que se habían vuelto impagables y frenar el deterioro del patrimonio familiar, más que resarcir el daño económico acumulado por los trabajadores.
La decisión representa un alivio inmediato para millones de acreditados, pero deja abierta una discusión de fondo: la ausencia de mecanismos para reconocer o compensar los pagos excedentes realizados durante años bajo un modelo que hoy el propio Infonavit admite como fallido.
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