Ni Garduño, extitular del INM, ni ningún otro funcionario han sido todavía sancionados por el delito de omisión de funciones, lo cual es muy desafortunado, porque el mismo viejo sistema de justicia está hecho para protegerse entre ellos mismos, servidores y juzgadores.
Así lo expresó la diputada María Antonieta Pérez Reyes (Morena), presidenta de la comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes del Congreso del Estado, acerca de la virtual absolución del extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.
Al respecto, dijo que no debería extrañar esa resolución, ya que en casos de omisión de responsabilidad –cargo que se le imputaba a Garduño– no ha habido un solo caso en el país que haya sido sentenciado un funcionario y este detenido.
Destacó que, en el caso del INM sobre este evento sí están en proceso aún servidores que dependían del extitular Garduño.
Al entonces titular de dicha dependencia del Gobierno Federal se le inició un proceso penal por su probable responsabilidad en la tragedia en la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde un incendio provocado causó la muerte de 40 migrantes que se encontraban ahí recluidos, además de 27 personas heridas.
Acerca del caso, la legisladora mencionó que todavía hay funcionarios del INM sujetos a proceso.
Sin embargo, en otro caso de omisión de responsabilidades, como fue el del motín en el Cereso Número 3 de Juárez, donde murieron 10 custodios, la autoridad que estaba a cargo no ha sido acusado ni llevado a juicio.
Al respecto, se refirió al exfiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, quien era el responsable de todos los penales de la entidad cuando sucedió esa desgracia.
Sin embargo, ni a él ni a ningún subordinado se les abrió siquiera expediente de investigación, que es eso sí no protección de los funcionarios por parte de la misma clase gobernante en Chihuahua.
“Lo que es de reconocerse por parte del INM es que sin excusas al menos a procedido a las indemnizaciones económicas de los familiares de los migrantes fallecidos en ese trágico evento”, dijo.
“En nuestro estado ni juicio por omisión a funcionarios ni pago por indemnización por daño moral a las viudas de los custodios asesinados”, agregó.
Reitero un señalamiento expresado días atrás, en el que mencionaba que área jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, “bajo la complicidad de secretario Gilberto Loya Chávez”, están litigando para no pagar el daño ocasionado a las familias y la gobernadora ignorando el tema a pesar de estar al tanto y haber aceptado la recomendación de la CNDH para que indemnice a las familias.
“Las Cámaras altas del poder legislativo deben rectificar en las leyes lo relativo a este delito en contra de servidores públicos o de plano derogarlos ya que mientras siga vigente y sin cumplirse en lo jurídico, es una gran señal de la impunidad que a los mexicanos nos golpea a diario”, expresó.
La gran Reforma al Poder Judicial aún en proceso deberá dar como resultado jueces libres para sentenciar de acuerdo a la justicia sin tener que rendir cuentas más que a los ciudadanos quienes seremos los que los pongamos como juzgadores y dejar de sentir la responsabilidad de proteger a la clase política que los eligió como aún lo estamos padeciendo.
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