La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma a la Ley Minera de 2022, con la que se establece que el litio es patrimonio de la nación y su explotación queda exclusivamente en manos del Estado mexicano.
Por unanimidad, el pleno determinó que la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición era infundada, al concluir que la reforma no viola la Constitución.
Los ministros señalaron que, tras la reforma constitucional de 2024, el litio quedó reconocido como área estratégica, lo que prohíbe otorgar concesiones a particulares y respalda el control estatal sobre su explotación.
También se desestimó el argumento de que debía realizarse una consulta previa a pueblos indígenas, al considerar que la norma define de forma general la rectoría del Estado, y que cualquier afectación deberá evaluarse en proyectos específicos.
Con esta resolución, el máximo tribunal consolida el modelo de control estatal del litio, uno de los recursos estratégicos más importantes para la industria energética y tecnológica.
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