La gobernadora María Eugenia Campos Galván acusó a Morena y al Gobierno de la Cuarta Transformación de construir una campaña de desinformación en torno al convenio de cooperación firmado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y el Gobierno de Israel, al tiempo que aseguró ser víctima de una persecución política por defender los intereses de Chihuahua.
La mandataria rechazó que el acuerdo suscrito con la agencia israelí MASHAV contemple la entrega, privatización o administración del agua por parte de empresas o autoridades extranjeras.
“Han utilizado mentiras para engañar a la gente”, sostuvo Campos, al señalar que las recientes manifestaciones contra el convenio responden a una estrategia política impulsada por Morena y la 4T para desacreditar a su administración.
Las declaraciones se producen luego de las protestas realizadas el fin de semana en Chihuahua, Ciudad Juárez y otras ciudades del país, donde colectivos exigieron cancelar el convenio al considerar que carece de transparencia y podría vulnerar la soberanía sobre el recurso hídrico.
La gobernadora afirmó que el agua de Chihuahua continúa bajo control de los organismos operadores del estado y negó que exista riesgo alguno de que el recurso pase a manos extranjeras.
Campos también dio a conocer que ha recibido notificaciones y advertencias que, dijo, buscan afectar sus derechos políticos y personales, por lo que denunció una persecución en su contra y contra su familia.
“Van a volver a perseguir a Maru Campos, pero no tengo miedo”, expresó, al asegurar que continuará defendiendo los intereses de Chihuahua pese a las presiones.
Convenio es técnico, insiste JCAS
El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata Carrasco, respaldó la postura de la gobernadora y reiteró que el convenio firmado con Israel tiene un carácter exclusivamente técnico.
Explicó que el acuerdo fue suscrito el 23 de febrero de 2023 con la agencia israelí MASHAV y tendrá vigencia hasta 2027, con el propósito de intercambiar tecnología, capacitación y experiencias para mejorar la eficiencia en el manejo del agua.
Mata rechazó que el convenio otorgue facultades de operación o administración a Israel y recordó que únicamente el Gobierno Federal y el Senado tienen atribuciones en materia de política exterior.
“En ningún momento ha habido administración israelí en ninguno de nuestros organismos del agua”, afirmó.
Añadió que en México existen alrededor de 60 convenios de cooperación similares, además de instrumentos de colaboración firmados por el propio Gobierno Federal con distintos países.
La controversia
Aunque el Gobierno del Estado sostiene que el acuerdo es exclusivamente de cooperación técnica, colectivos ambientalistas y organizaciones sociales han cuestionado su legalidad y transparencia.
Entre los principales señalamientos figura que el convenio presuntamente no fue registrado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores ni ante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), como prevé la legislación aplicable para este tipo de instrumentos internacionales.
Los manifestantes también han exigido que el contenido íntegro del convenio sea público y que se informe cuáles han sido los resultados concretos obtenidos desde su firma en 2023.
La polémica despuntó esta semana luego de que las protestas se extendieran a distintas entidades del país, mientras el Gobierno de Chihuahua insiste en que el acuerdo no compromete la soberanía sobre el agua ni implica la cesión del recurso a intereses extranjeros.
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