El Gobierno federal dio un giro de fuerza en la regulación del armamento al actualizar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para enfrentar dos tecnologías que el crimen organizado había aprovechado sin freno: drones convertidos en armas y piezas letales fabricadas con impresoras 3D.
La reforma —publicada en el Diario Oficial de la Federación— prohíbe de manera explícita la fabricación, venta y portación de armas 3D, artefactos sin número de serie y prácticamente imposibles de rastrear, que en los últimos años comenzaron a circular en mercados clandestinos.
Pero el punto más contundente es la incorporación, por primera vez, de sanciones penales para quienes modifiquen drones con fines violentos o tácticos.
El nuevo marco legal castiga:
• Drones cargados con explosivos o artefactos incendiarios, una práctica ya documentada en zonas de guerra criminal como Tierra Caliente.
• Drones usados para vigilar a fuerzas federales, marcar rutas o coordinar ataques.
• Adaptaciones para arrojar armas, drogas o dispositivos caseros sobre objetivos específicos.
• Operaciones en instalaciones estratégicas como cuarteles, aeropuertos o fronteras.
El Gobierno reconoce que estos dispositivos han sido utilizados por grupos criminales para superar barreras de seguridad, lanzar explosivos a distancia y operar con ventaja táctica, sin exponerse directamente.
Con esta reforma, drones y armas 3D dejan de moverse en un “limbo jurídico”. La ley ahora permite perseguir penalmente su fabricación, modificación y uso, equiparándolos a armas convencionales.
Además, se refuerza el Registro Federal de Armas a cargo de la Sedena y se prohíben dispositivos que convierten armas semiautomáticas en automáticas, otro mecanismo usado por células delictivas en la frontera norte.
El endurecimiento legal responde a un diagnóstico claro: el crimen organizado había encontrado en la tecnología un campo donde el Estado no podía regular ni sancionar con precisión, y donde la capacidad de daño escaló en los últimos cinco años.
Con esta actualización legal, el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca cerrar ese margen de maniobra y reforzar la seguridad nacional frente a un arsenal criminal modernizado.
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