El Gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al que calificó como “tendencioso” y “sesgado”, al considerar que no refleja la realidad del país ni los avances institucionales en la materia.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la administración federal sostuvo que el documento no tomó en cuenta “las observaciones, análisis y actualizaciones” presentadas por el propio gobierno mexicano.
El posicionamiento ocurre en un contexto en el que México permanece bajo escrutinio internacional debido a la magnitud del fenómeno de desapariciones, considerado uno de los más graves a nivel mundial.
El Comité de la ONU activó mecanismos de seguimiento ante lo que considera indicios de un problema amplio y persistente en el país, lo que coloca a México bajo una revisión internacional reforzada.
De acuerdo con distintos reportes, el número de personas desaparecidas en México supera las 130 mil, una cifra que ha sido señalada de forma reiterada por organismos internacionales y colectivos de víctimas.
El informe del Comité advierte sobre la gravedad del problema y la persistencia de factores como la impunidad, las fallas en las investigaciones y la falta de resultados en la localización de personas.
Organismos internacionales han señalado que en México existe un contexto donde muchos casos no avanzan en las fiscalías, lo que contribuye a la continuidad del fenómeno, además de una crisis forense que dificulta la identificación de restos.
Frente a estos señalamientos, el Gobierno mexicano ha rechazado que exista una política de desaparición forzada desde el Estado y ha atribuido la mayoría de los casos a la acción de grupos del crimen organizado.
También ha defendido que en los últimos años se han fortalecido las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas, así como los mecanismos de coordinación con colectivos de familiares.
En paralelo, la administración federal ha impulsado una revisión de las cifras de personas desaparecidas, al señalar inconsistencias en los registros, lo que ha abierto un debate público sobre la dimensión real del problema.
Colectivos de familias han advertido que la discusión no puede centrarse únicamente en los números, sino en la falta de resultados en las investigaciones y en la localización de personas.
Para el Estado, se trata de un problema complejo que está siendo atendido. Para organismos internacionales y colectivos, la deuda sigue siendo estructural.
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