El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, acusó a las diputadas y diputados del PAN de impulsar una reforma a la Ley de Bienes del Estado que eliminaría la obligación de que el Poder Legislativo autorice la venta de terrenos propiedad del Gobierno estatal.
El legislador juarense afirmó que, de aprobarse la iniciativa, la gobernadora Maru Campos podría disponer de inmuebles del dominio privado del Estado sin que exista discusión pública, dictamen o votación por parte del Congreso.
“Las diputadas y diputados del PAN pretenden dejarle a la gobernadora un regalo de despedida: la posibilidad de vender patrimonio de las y los chihuahuenses sin el control que hoy establece la ley”, declaró.
Estrada sostuvo que la propuesta resulta especialmente preocupante porque se presenta en la etapa final de la actual administración estatal.
“Van por el año de Hidalgo”, expresó.
El diputado aseguró que la modificación planteada no representa un simple ajuste administrativo, sino un cambio en el equilibrio entre los poderes públicos.
“No es un cambio administrativo; es una transferencia de poder. Lo que buscan es que la gobernadora decida sola qué terreno vender, a quién venderlo y en qué condiciones, sin que exista un órgano que revise si esa operación beneficia o perjudica al interés público”, afirmó.
Explicó que la autorización del Congreso para la enajenación de bienes estatales constituye un mecanismo de rendición de cuentas que obliga a transparentar el destino del patrimonio público, las condiciones de su venta y el interés colectivo que justifica cada operación.
“Cuando se elimina un contrapeso institucional, no se agiliza el gobierno; se reduce la capacidad de vigilancia de la sociedad”, señaló.
El coordinador parlamentario de Morena llamó a las demás fuerzas políticas a rechazar la iniciativa, al considerar que rompe el equilibrio entre poderes y abre la puerta a que decisiones sobre el patrimonio estatal se tomen sin supervisión democrática.
“Los terrenos del Estado no pertenecen a un gobierno en turno; pertenecen a las y los chihuahuenses. Por eso su destino debe discutirse de cara a la ciudadanía y no resolverse desde una sola oficina”, concluyó.
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