Personas integrantes de las comunidades rarámuri El Manzano y Monterde, repartieron volantes en la Fiscalía General del Estado y Plaza Hidalgo frente a Palacio de Gobierno, para exigir la pacificación de las zonas serranas de las que fueron víctimas de desplazamiento forzado interno.
“Somos personas que hemos sido obligadas a huir de nuestros hogares, como resultado de la violencia ocasionada por el crimen organizado y que no hemos cruzado ninguna frontera”, denunciaron en los volantes.
Además de recordar, que para salvaguardar a sus familias dejaron tierras, casas, animales y todas sus pertenencias, por lo que piden pacificación para su retorno y condiciones de vidas digna.
“Queremos que las autoridades prevengan los desplazamientos, actuando para pacificar las comunidades, condiciones de vida digna en la ciudad y se garanticen nuestros derechos”, concluyeron.
Acompañados por Alianza Sierra Madre A.C. y el Centro de Derechos Humanos, las personas desplazadas pidieron el cumplimiento de la recomendación 96/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el desplazamiento interno forzado de 120 personas, originarias de las comunidades de los municipios de Uruachi y Guazapares.
En la que se le recomendó al Gobierno del Estado realizar un censo que corrobore el número de personas víctimas directas e indirectas que salieron de sus domicilios; aplicar un Programa de Atención Integral que incluya una compensación justa y suficiente para las víctimas.
Además de un programa de acceso a la educación para los niños, niñas y adolescentes víctimas del Desplazamiento Interno Forzado; un programa de acceso a viviendas adecuadas y/o subsidios de arrendamiento del que puedan beneficiarse las personas desplazadas.
Aunado a que se verifique si existen las condiciones para el retorno seguro a sus hogares y en caso de no existir se dé el reasentamiento de las víctimas; un plan de seguridad ajustado a las necesidades de la población desplazada que en su caso haya retornado a las comunidades de El Manzano y Monterde, entre otras.
Mientras que la Fiscalía General del Estado, le recomendó la debida diligencia y el plazo razonable, derechos humanos, derecho de acceso a la justicia y a la debida procuración de justicia, dirigido principalmente a los agentes del Ministerio Público.
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