El plantón y toma de oficinas que un grupo de productores agrícolas lleva a cabo en las oficinas de la Secretaría del Bienestar motivó la aprobación de un punto de acuerdo del Congreso del Estado para exhortar tanto al Gobierno Federal, como al estatal, a que atiendan la problemática del campo.
El asunto llegó a la tribuna del Legislativo por conducto del diputado Saúl Mireles Corral (PAN), representante del Distrito XIV con cabecera en Cuauhtémoc, quien propuso aprobar un punto de acuerdo para conminar a la presidenta Claudia Sheinbaum a que libere los 380 mdp que demandan los manifestantes.
El legislador panista recordó que son más de 60 mil familias afectadas, y señaló que hay reglas de operación establecidas, pero no se le están dando seguimiento, y agregó que ese dinero bien se pudo haber entregado en marzo pasado y no hasta finales del año.
Recordó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) aún debe 597 mdp de programas de apoyo a productores de Chihuahua, mismos que debieron entregarse desde el año 2019.
Posteriormente, la diputada por el Distrito VI con cabecera en Juárez, Irlanda Márquez Nolasco, propuso una moción para que el Gobierno del Estado también recibiera el exhorto de liberar los recursos para los programas destinados al campo.
A su vez, la diputada Magdalena Rentería (Morena) señaló que el tema de los 360 mdp no corresponde a la Secretaría del Bienestar, sino a la Sader, por lo que la toma de las oficinas de aquella dependencia carece de sentido.
En cambio, dijo, se está perjudicando a decenas de mujeres que no han podido realizar sus trámites para recibir los apoyos que sí otorga esa secretaría a adultos mayores y grupos vulnerables.
A su vez, el panista Arturo Zubía (PAN), del Distrito XX de Camargo, dijo que el programa del Gobierno de la República “es muy bueno”, porque va dirigido a productores pequeños que prácticamente dependen de su cultivo para subsistir.
El problema, añadió, es que a la presidenta Claudia Sheinbaum le están fallando sus colaboradores.
Tras una larga discusión, motivada en parte por la confusión que surgió en torno a cómo quedaría redactado el Punto de Acuerdo, el Congreso aprobó emitir esa petición a las dos instancias de Gobierno.
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