La diputada Adriana Terrazas Porras presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de decreto para reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua, para que el delito de violación entre cónyuges no quedé impune.
De acuerdo a la legisladora, el Código Penal del Estado de Chihuahua limita a cualquier persona, pero especialmente a las mujeres, ya que distingue que cuando la violación es ejercida dentro del matrimonio, concubinato o pareja deberá perseguirla mediante querella.
“Esto produce dos lecturas simultaneas que son inaceptables desde un punto de vista constitucional y de protección de derechos humanos y de dignidad humana, pues la integridad sexual de las personas violentadas por aquellos con quienes tienen una relación matrimonial, concubinato o de pareja, tiene un valor inferior en relación con aquellas personas víctimas del delito de violación que no se les exige una calidad especifica”, explicó en Tribuna.
Lo que además se agrava, cuando al aplicar el artículo 110 del mismo Código, topa con “el derecho a querellarse por un delito que solo pueda investigarse a petición de la víctima u ofendido que caducará en un año”, de tal forma que la mujer solo tiene un año para poder acudir ante la autoridad y realizar la querella correspondiente, de modo que de no hacerlo, pierde este derecho y el delito queda impune.
Adriana Terrazas adelantó que, en 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció para declarar su inconstitucionalidad de un articulado similar en el Código Penal de Coahuila, “porque no existe excusa para minimizar la sanción de los delitos sexuales cuando existe una relación de pareja entre las partes”.
Y reiterar que “la privacidad o intimidad no puede justificar la imposición de prácticas en contra de la voluntad de las personas”.
Además de que el Tratado Internacional de la Convención de Belém Do Pará y su Comité de Expertas (CEVI) instan a los Estados a tipificar la violencia y la violación sexual “dentro del matrimonio o unión de hecho y revisar las normas de procedimiento penal a fin de remover los obstáculos que podrían impedir a las mujeres obtener justicia en esos casos”.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su revisión y posterior dictamen en el Pleno.
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