Un grupo de madres de familia se presentaron este miércoles en la Torre Legislativa del Congreso del Estado para acompañar la presentación de una iniciativa de ley para impedir la liberación anticipada “de criminales”.
La citada iniciativa es obra del diputado Francisco Sánchez Villegas, coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, quien se presentó ante el Congreso del Estado y, posteriormente, se reunió con las madres manifestantes.
El reclamo de las madres y la iniciativa de Sánchez Villegas giran en torno al asesinato del niño Jasiel Giovanny, de ocho años, presuntamente a manos de la persona que ha sido identificad como su padrastro, quien posteriormente fue identificada como mujer y enviado al Centro de Reinserción Social femenil del estado.
Con el grito “¡Eres hombre, no eres mujer!” como consigna, las manifestantes exigían que Omar Alejandro, el presunto homicida del niño Jasiel, fuera trasladado al Cereso 1 para varones, ubicado en el poblado de San Guillermo.
En tanto, el legislador del partido naranja, entregó la iniciativa con la cual, dijo, busca que la federación “no pueda seguir liberando a criminales de las cárceles de Chihuahua bajo la figura de la liberación anticipada”.
Dicha figura se contempla en la Ley Nacional de Ejecución Penal, aprobada y promulgada en el año 2016.
Con esa reforma, la Federación asumió las facultades para decidir cómo cumplen sus penas los criminales en Chihuahua, misma que les permite salir libres al cumplir solo la mitad de su sentencia, dijo Sánchez Villegas.
“El que mató, violó o torturó, no merece beneficios, merece condena completa. No más asesinos premiados con libertad anticipada. No más violadores caminando libres entre nosotros por supuesta buena conducta”, declaró.
La reforma presentada por Francisco Sánchez establece que los estados tendrán la facultad de establecer un catálogo de delitos que no sean susceptibles para este beneficio de la liberación anticipada, tales como homicidio, violación, infanticidio, delitos que para la federación sí calificables para una liberación por buena conducta.
“Chihuahua tiene derecho a defender su soberanía jurídica. Tiene derecho a decidir cómo castiga a quienes desangran nuestras calles. Y sobre todo, tiene el deber moral de estar del lado de las víctimas, no de sus verdugos”, sentenció.
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