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Pese al aseguramiento constante de armas de fuego por parte de las tres órdenes de gobierno, las autoridades mexicanas siguen enfrentando una realidad ineludible: Chihuahua colinda con Estados Unidos, donde este tipo de artefactos se adquiere con extrema facilidad debido a que su posesión está amparada como un derecho constitucional.

César Jáuregui Moreno, fiscal General del Estado, mencionó que el 90 por ciento de las armas utilizadas por delincuentes en México son de origen estadounidense. Esa cifra, señaló, refleja la fuerte influencia del mercado norteamericano en la violencia que ocurre de este lado del río Bravo, donde la mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego.

Explicó que la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) mantiene una influencia determinante en Estados Unidos, lo que ha frenado cualquier intento por restringir la venta de armamento.

Sobre la posibilidad de que México incida en la regulación estadounidense, Jáuregui consideró que es un escenario complicado.

“Es muy complejo, porque conseguir un arma allá es sumamente sencillo, ese es el problema”, subrayó.

Recordó que muchas personas se dedican al tráfico de armas desde Estados Unidos hacia territorio mexicano, incluidos policías. Entre ellos, citó el caso de un agente de la propia Fiscalía General del Estado detenido en flagrancia.

“Tuvimos el caso de un elemento de la Fiscalía involucrado en un tráfico en el cruce Juárez–El Paso; no de armas, pero sí de cartuchos”, precisó.

El fiscal reiteró que se trata de una legislación que Estados Unidos no tiene intención de modificar. Aun así, aseguró que se trabaja de manera coordinada con autoridades norteamericanas para disminuir, en la medida de lo posible, la internación ilegal de armas de fuego hacia México.

Jáuregui señaló que el problema sigue siendo grave tanto en Ciudad Juárez como en el resto del país.

La información expuesta por el Ministerio Público de la Fiscalía Zona Occidente, fue contundente para que un juez de Control, decretara auto de vinculación a proceso a las nueve personas detenidas en el municipio de Moris en posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de Fuerzas Armadas, así como delitos contra la salud y asociación delictuosa.

El juez conocedor de la causa penal, determinó también un plazo de dos meses para que el Ministerio Público lleve a cabo la investigación complementaria y ordenó la declinación de la competencia por todos los delitos ante la instancia Federal.

Los imputados: Diego C. P., Oscar Alexis B. R., Arnulfo C. M., Adrián T. E., Aldo Guadalupe M. A., Luis Ángel R. N., Antonio Ignacio A. A., Rafael F. R., y Michel Jimena T E., fueron detenidos la tarde del 08 de octubre del 2025 en Moris por agentes que integran el Operativo Conjunto.

El informe policial señala que se sorprendió a los imputados al momento de descender de tres vehículos, portando armas de fuego en sus manos, circunstancia por la que fueron detenidos al momento de tratar de huir de manera pedestre.

Los detenidos traían consigo y en los vehículos armas de fuego, cartuchos y droga empaquetada por lo cual se les formuló imputación por los delitos de portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas.

Además, por posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos y asociación delictuosa.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con distintas corporaciones e instituciones de Gobierno en la investigación y persecución de delitos y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

En lo que va de la actual administración, las fuerzas de seguridad pública estatales y federales han asegurado más de mil 400 armas y 144 mil cartuchos que utilizaban las organizaciones delictivas para la realización de sus actos ilícitos, informó el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal informó del aseguramiento de armamento en posesión de detonadores de violencia, además de los mil 400 explosivos que se les han incautado de septiembre del 2021 y a la fecha que abarca la actual administración.

El titular de la SSPE informó lo anterior tras ser cuestionado sobre el operativo conjunto entre los Estados Unidos y México, denominado Firewall, para contener el tráfico de armas de aquel país hacia el nuestro.

Dicho acuerdo fue mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación de su informe, el pasado 26 de septiembre en Ciudad Juárez.

“Firewall” es una operación que es manejando por la Secretaría de Relaciones Exteriores para disminuir el tráfico de armas de los Estados Unidos hacia México, ha permitido detener el flujo de armamento que luego es utilizado para la realización de actos delictivos y el aumento de actos de violencia en el territorio nacional.

La cifra equivale a que, en promedio, durante los últimos cuatro años se ha decomisado una arma y casi 100 cartuchos por día, en los últimos cuatro años.

“Yo creo que hay una ahí hay una buena disposición por parte de ambos países para poder frenar el tráfico de armas hacia México”, comentó Loya.

Ese acuerdo va a permitir rastrear las armas que están llegando hacia los Estados Unidos hacia México, en dónde se vendieron, quién las vendió y los delitos que están cometiendo al comerciar este tipo de armas sin control en México.

En un operativo de verificación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detectó que en seis presidencias municipales de la sierra había más armas que policías.

Ante la situación, se procedió al aseguramiento de los excedentes y a dejar únicamente las que requiere cada agente en servicio.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Despliegue Policial de la SSPE, Ricardo Realyvázquez, precisó que, si bien se encontraron exceso de armamento en esos municipios, todas las armas contaban con el trámite legal correspondiente.

En el municipio de Matachí, la corporación tenía un total de 25 armas, pero solo se quedó con 10 tras el aseguramiento de 10 cortas y 5 largas.

En Namiquipa, se contabilizaron 95 armas; 75 fueron aseguradas (37 cortas y 38 largas). Además, se constató que está en trámite la obtención de otras 10 (siete cortas y tres largas).

En Nonoava, se aseguró la totalidad del inventario: 17 armas entre cortas y largas.

En Chínipas, la policía municipal contaba con 34 armas; se retiraron ocho cortas y 11 largas, quedando en operación siete cortas y siete largas.

En Guazapares, de 52 armas, se aseguraron 22 (12 cortas y 10 largas).

En Uruachi, de un total de 22, únicamente permanecieron 12 en servicio (seis cortas y seis largas).

De las corporaciones revisadas, solo el municipio de Belisario Domínguez resultó con un inventario proporcional al número de elementos en activo, al contar con 11 armas para el mismo número de efectivos.

En total, la SSPE aseguró 152 armas sobrantes en los seis municipios.

La dependencia exhortó a los gobiernos municipales a mantener a sus cuerpos de seguridad debidamente equipados, pero también a cumplir con los requisitos legales del porte de armas, a fin de que estas puedan ser devueltas y utilizadas únicamente por elementos acreditados.

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